Gazprom en el banquillo

La batalla legal iniciada por la UE contra Gazprom, el gigante gasístico controlado por Rusia, no es un simple asunto técnico, aunque así lo haya presentado la Comisión por boca de su comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. Se trata de un movimiento estratégico realizado por una institución europea ninguneada sistemáticamente por el presidente ruso, Vladímir Putin, y que ocurre en el momento más bajo de las relaciones entre Moscú y Europa Occidental desde la II Guerra Mundial.

No se trata sólo de que Gazprom se haya aprovechado de su posición dominante y aplique precios abusivos en cinco países de Europa del Este; eso es una mala praxis comercial. Mucho más grave es que Bruselas tenga pruebas de que la compañía, detrás de la cual está el Gobierno ruso, ha amenazado al menos a dos países (Bulgaria y Polonia) con cortarles el suministro de gas si sus Gobiernos no colaboran económicamente en proyectos respaldados por Gazprom: un chantaje inaceptable ante el que la UE ha hecho lo correcto al reunir pruebas y reaccionar.

Al despreciar el papel de Bruselas y considerar que este problema se resuelve de Estado a Estado, Putin está cometiendo un error que recuerda —salvando todas las distancias— al de EE UU hace dos décadas, cuando en una disputa agraria con Bruselas a sus representantes les chocaba que un austríaco —Franz Fischler, entonces comisario de Agricultura— defendiera a otros países europeos. Pero ahora hay grandes diferencias: no se trata de un pequeño desacuerdo entre aliados, la UE tiene mucho más engrasados los mecanismos de respuesta a una agresión económica y el presidente ruso acaba de anexionarse por la fuerza un territorio de otro país europeo.

Bruselas ha dado un paso arriesgado pero valiente al iniciar el proceso legal contra Gazprom. No es una medida apresurada al calor de hechos recientes, ya que el caso ha sido investigado durante cuatro años. Pero es innegable que se enmarca en la tensión que se vive con la Rusia de Putin, en cuyo alero queda ahora la pelota. Moscú tiene 12 semanas para responder a las acusaciones planteadas, que podrían desembocar en una histórica sanción de hasta 10.000 millones de euros.

Le guste o no al presidente ruso, la UE no es un complejo burocrático, sino el proyecto de 500 millones de europeos.