Acoso en la Administración
En los últimos meses han salido a la luz varios casos de acoso laboral a funcionarios. Este es un fenómeno que, lejos de ser excepcional, padecemos muchos empleados públicos y rara vez se denuncia por miedo a las represalias o porque el sistema de denuncia está diseñado de tal modo que lo hace inoperativo e, incluso, perjudicial para el denunciante. Esto es así principalmente cuando el denunciado es un jefe o un superior. La estructura jerárquica de la Administración pública hace que los encargados de instruir los expedientes por denuncias de acoso sean generalmente los jefes denunciados o bien compañeros de los mismos que se mueven por intereses personales, de amistad o corporativos. Las denuncias no son anónimas, con lo que se sitúa al denunciante en situación de vulnerabilidad, y el destino de los expedientes suele ser un cajón ministerial.
Si se decide dar el paso de recurrir a la justicia, el funcionario acosado deberá hacer frente a los gastos de asistencia jurídica, mientras que sus jefes contarán con abogados del Estado. Además, difícilmente encontrará compañeros que le apoyen en un juicio como testigos por miedo a terminar en la misma situación. La soledad e indefensión es absoluta.— María Rojo Ramos.
