¿Petróleo para la paz?
Por José Ricardo Puyana (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y Eduardo Ramos Suárez (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).
Foto: La Silla Vacía.
Según Helen Clark, administradora del Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD), un sector de los recursos naturales gestionado de forma transparente y responsable puede contribuir a crear condiciones de desarrollo humano en países con economías extractivas. A muchos les puede resultar por lo menos curiosa esta afirmación, ya que existe un gran malditismo en torno a este sector. En este sentido, por ejemplo, no es escasa la literatura y el cine que hablan de cómo los recursos naturales, y en particular, el petróleo han desencadenado conflictos armados por todo el mundo y juegos geopolíticos, que en muchas ocasiones han estado fuera del conocimiento del ciudadano medio. En nuestra historia reciente, tenemos el caso de la guerra de Irak o el conflicto del antiguo Sudán, donde la lucha de trasfondo ha sido por el control del “oro negro".
Por esto motivo, en mucha gente, y con razón, ha calado la percepción de que todo lo que rodea al petróleo es tenebroso. Pero, ¿y si por un momento intentamos cambiar esta percepción? ¿Y si pensamos o intentamos pensar que un sector petrolero manejado de forma responsable y transparente puede contribuir a la paz y a la estabilidad de algunos países?
Este planteamiento puede resultar para muchos descabellado, después de la lista de conflictos armados que ha propiciado el control de este recurso natural. No obstante, hagamos este esfuerzo. Pongamos el caso de Colombia. El país suramericano está afrontando unas negociaciones para poner fin a un conflicto armado de más de 50 años. En Colombia el sector petrolero representa un 5,5% de su producto interior bruto y un 55 % de las exportaciones. Este sector es, por lo tanto, vital para el equilibrio fiscal del país y para el financiamiento de unas políticas sociales que hasta ahora no tenían precedentes en la historia del país andino. Estas medidas han cambiado, al menos en parte, la concepción del papel del Estado en este país. Sin embargo, es importante señalar que a Colombia, al igual que a otros muchos países de la región, le está afectando duramente la dramática bajada del barril de Brent, lo que pude cuestionar la sostenibilidad en un futuro de estas políticas sociales y, en general, la estabilidad macroeconómica del país.
No por casualidad, en la mayoría de las zonas productoras de hidrocarburos de Colombia se da una alta concentración de grupos armados, los cuáles han encontrado desde hace tiempo en la extorsión a la industria y en la cooptación de las rentas petroleras una fuente lucrativa de ingresos. De hecho, el 74% de las operaciones de hidrocarburos se desarrollan en áreas rurales, y es precisamente en el ámbito rural donde el conflicto se ha expresado con más crudeza y donde el gobierno colombiano tiene su mayor reto si aspira, como ha planteado, construir una paz duradera. La mayoría de las regiones petroleras en Colombia experimentan un índice de desarrollo humano y un índice necesidades básicas insatisfechas por debajo de la media nacional.
Volviendo al argumento inicial de Helen Clark, está comprobado que aquellas sociedades con un mayor desarrollo humano son más resistentes a los conflictos y a los procesos de marginalización o descomposición social. En este sentido, las personas con condiciones de vida digna son más reticentes a involucrarse en procesos que puedan hacer peligrar su forma de vida, quizá en parte por la simple ecuación de que "quien más tiene, más tiene que perder".
En este orden de ideas, un sector de hidrocarburos que fuera una fuente de riqueza equitativa y sostenible y que ayudase a construir condiciones de vida digna, podría contribuir a que estas regiones fuertemente castigadas por el conflicto armado pudieran construir la paz. No es tarea fácil porque, aunque la tendencia está cambiando, la industria extractiva en Colombia tiene un historial de malas prácticas que no ha ayudado, desde luego, al bienestar de algunas de estas regiones. Todo esto, además, enmarcado en un contexto donde a menudo ha coexistido un Estado débil en el nivel sub-nacional junto con la presencia de grupos armados ilegales, lo que ha producido una ausencia de reglas del juego claras para los actores involucrados en el sector –la institucionalidad pública, las compañías petroleras y la sociedad civil–.
Consciente de la importancia del sector de hidrocarburos para la construcción del proceso de paz en Colombia, el Gobierno, junto con el apoyo del PNUD, ha puesto en marcha La Estrategia para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos. Esta iniciativa busca hacer socialmente y ambientalmente sostenible el sector de hidrocarburos a través de la creación de espacios de diálogo democrático, donde las empresas, el Estado y las comunidades de los lugares donde se ubica la operación de hidrocarburos puedan alcanzar una visión conjunta del sector como un modelo de impulso socioeconómico para estas regiones petroleras. Y de esta forma mitigar la conflictividad en torno a la industria de hidrocarburos y, a la vez, generar desarrollo humano como condición indispensable para la construcción de paz en el país.
Esta iniciativa se desprende de la Estrategia para las Industrias Extractivas del PNUD. A través de esta iniciativa global, Naciones Unidas apoya a los gobiernos para que hagan una mejor gestión de sus recursos naturales y para que esta riqueza natural se traduzca en un desarrollo sostenible e inclusivo que beneficie a toda la población de los países basados en economías extractivas. Debido a esta apuesta, la ONU ha recibido críticas –esperables– por parte de medios de comunicación y de algunos sectores de la sociedad civil, pero hay que reconocer que es una decisión osada que muestra que esta organización reconoce y actúa sobre realidades. En este sentido, es indudable que muchos países emergentes y en desarrollo dependen fundamentalmente de la explotación de sus recursos naturales, y esto va a seguir siendo así durante muchos años. Naciones Unidas, en este sentido, y en concreto el PNUD, quiere superar el debate del sí o no a la actividad extractiva. Su intención es propiciar unas condiciones de vida digna para las poblaciones de estos países de economías extractivas, y esto solamente es posible a través de una gestión más equitativa, responsable y sostenible de sus recursos naturales.
Colombia puede ser un buen comienzo para demostrar que el problema no está en los recursos naturales en sí, sino más bien en las personas que lo gestionan, y que la paz y el bienestar de las sociedades de los países ricos en recursos naturales, a pesar de la llamada “maldición de los recursos”, puede pasar en buena medida por el buen manejo que se haga de este sector.
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