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Enmienda parcial

El plan para restituir derechos a los sin papeles no recupera el carácter universal de la sanidad

Los inmigrantes sin papeles vuelven a tener derecho a la atención primaria en los centros de salud del sistema público. El Gobierno rectifica así —y hace bien— una medida adoptada en 2012 que supuso la retirada de 800.000 tarjetas sanitarias, no solo de población en situación irregular sino también de ciudadanos comunitarios y extranjeros residentes en España que se beneficiaban de un modelo sanitario universal y gratuito.

De la reforma estaban excluidos los niños, las mujeres embarazadas y la asistencia en urgencias, y para su justificación se esgrimieron razones económicas (la entonces ministra de Sanidad Ana Mató calculó que se ahorrarían 1.000 millones de euros). Ahora, sin embargo, el cambio de rumbo se cimenta en valoraciones de salud pública y para evitar que se colapsen los servicios de urgencias, argumentos que ya en su momento habían expuesto los colectivos médicos para oponerse a la medida.

Sin aclarar el impacto económico que en casi tres años ha supuesto aquella reforma, el Gobierno reconoce que fue un error y da marcha atrás, aunque lo hace solo parcialmente. Los inmigrantes irregulares no tendrán tarjeta sanitaria, lo que en la práctica significa que se les priva de atención especializada y pruebas diagnósticas. Tampoco se ha especificado si tendrán recetas subvencionadas, cuándo entrará en vigor la normativa y el tiempo de empadronamiento mínimo que se les exigirá a los beneficiarios.

Resulta difícil calibrar las repercusiones de un decreto que no han cumplido la mitad de las comunidades autónomas, entre ellas las gestionadas por Gobiernos socialistas y nacionalistas (Asturias, Andalucía, Cataluña, País Vasco), pero también del propio PP (Galicia, Castilla y León). Comunidades que además se han rebelado contra el copago farmacéutico hospitalario, aprobado en 2013 y criticado por el ministro Alfonso Alonso en su primera comparecencia parlamentaria.

Ante estos vaivenes sanitarios, el Gobierno debe explicar los motivos de unas rectificaciones de las que es legítimo sospechar un interés electoralista, como se ha apresurado a denunciar la oposición en bloque. De lo contrario, no se entiende que el PP se descolgara —junto a Ciudadanos— del gran pacto que hace apenas unas semanas firmaron todos los partidos para restituir el carácter universal de la sanidad.

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