¿Cuánto cuentan los niños?

Esta entrada ha sido escrita por Marta Martínez Muñoz, socióloga yLorena Cabrerizo Sanz, economista, evaluadoras y fundadoras deEnclave(@DDHH_Infancia)

Foto extraída de: https://twitter.com/LA_PAH

Un excelente estudio publicado este mismo mes y realizado por la Fundación Tomillo para UNICEF, pone de relieve la urgente necesidad de propuestas metodológicas sólidas que permitan cuantificar la inversión pública en la infancia en España, en términos tanto de asignación presupuestaria como de impacto. Una vez más, y al igual que ya observara el Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés) hace 5 años, este estudio llama la atención sobre las dificultades y limitaciones que implica la falta de información detallada. En el Examen que realizó este Comité en 2010, como respuesta al informe vinculante presentado por España en 2010, (…) preocupa al Comité el enfoque fragmentado de la reunión de datos, que no abarca todas las esferas incluidas en la Convención y se realiza de manera desigual en los planos regional y nacional.

Mucho nos tememos que en el próximo mes de octubre, cuando una delegación intersectorial (como suele ser habitual) acuda a defender ante el CRC en Ginebra lo realizado en estos cinco años, España volverá a incumplir con una de sus principales responsabilidades en tanto que garante de nuestros derechos: la de visibilizar de forma clara la manera en la que se están desarrollando las vidas de los niños, niñas y adolescentes en estos últimos seis años de austeridad y recesión, fruto de la falta de una verdadera apuesta por políticas públicas con enfoque de derechos.

Es oportuno, por tanto, lanzar un aviso a navegantes políticos de todo color y condición en este año electoral. En este sentido, la Fundación porCausa mandaba una señal de alarma precisamente sobre los ausencia de datos en su artículo Austeridad y pobreza infantil, del que resaltamos que “ninguna campaña electoral estará completa si no aborda la cuestión de la infancia de manera clara”. No podemos estar más de acuerdo con ello. Las campañas de los partidos políticos para las elecciones municipales, autonómicas y generales, deberán explicitar no solo sus propuestas más urgentes en materia de políticas públicas de infancia, sino también las de mediano plazo. Ahora bien, ante la flagrante dejación del Estado a la que nos referíamos más arriba, cabe preguntarse ¿cómo van a proceder las distintas formaciones políticas en la claridad de sus apuestas, cuando el panorama de la reunión de datos en materia de derechos de la infancia sigue siendo tan desoladoramente escaso, fragmentado y desactualizado? O, en la misma lógica ¿cuánto de solidez habrá en los informes complementarios de las organizaciones de la sociedad civil ante el mismo panorama?

Recordar que la falta de datos sistemáticos es un tema crucial no es una cuestión menor, habida cuenta del profundo deterioro de la situación de los derechos de la infancia en los últimos años. Por el contrario, se trata de un elemento capital para una adecuada gestión pública que permita conocer cuál es el verdadero diagnóstico con el fin de diseñar, ejecutar y sobre todo evaluar de forma independiente las políticas públicas dirigidas a mejorar las vidas de los niños y niñas que viven en el Estado español, incluyendo los migrantes independientemente de la situación de sus padres.

Definitivamente va siendo hora de que se apueste por revitalizar el actual estado del Observatorio Nacional de Infancia; o mejor aún, poner en marcha una instancia pública que recupere aquel fructífero pero tristemente fugaz “Centro de Estudios del ‘Menor’ (sic) y la Familia”, de los años 90. Necesitamos de forma urgente un Instituto de Estudios de Infancia y Adolescencia, un think tank que permita la recogida sistemática de datos y la apuesta por la investigación como algunas organizaciones ya vienen haciendo (UNICEF, Save the Children, Fundacion FOESSA, porCausa, Fundación Tomillo, entre otras) en ausencia de lo que debería de hacer el Estado.

Hay que proteger a los niños y niñas, sin duda. Pero el panorama exige ir más allá y hay que blindar sus derechos como propone UNICEF en el Pacto de Estado por la Infancia, una ocasión histórica para que las organizaciones sociales y sobre todo los partidos políticos se retraten en su verdadera apuesta por la infancia. Hay que blindar sus derechos en el “seguimiento de la inversión en infancia” que permitala disponibilidad, el acceso y la transparencia de datos oficiales en aras de una buena gobernanza, de ampliar la rendición de cuentas y de contar con organizaciones sociales bien informadas, incluyendo a los propios niños y niñas como protagonistas que son. Hay que blindar sus derechos, o nos dará por pensar que realmente los niños no cuentan en nuestra sociedad. Y entonces tendremos que reconocer de forma vergonzosa, como advierte Krugman, que estamos jugando sucio con nuestros hijos. No se trata sólo de una obligación jurídica, sino y sobre todo de un compromiso ético que requiere más audacia que nunca en la res publica de los asuntos de infancia.