Encuestas

Los políticos suelen decir que sólo son buenas las que salen de las urnas. Tienen tanta razón que todos nos hemos acostumbrado a que fallen, a menudo de forma clamorosa. No obstante, las encuestas electorales, con sus sutilísimos, casi bizantinos, matices entre intención de voto directo y voto estimado, promedios y proyecciones, siguen siendo un argumento constante en la información política, un arma arrojadiza habitual entre partidos, líderes de opinión y medios de comunicación de signo ideológicamente opuesto. Si yo estuviera incluida en alguna lista ni siquiera las estudiaría, y sin embargo, entre las últimas publicadas, algunas me han hecho daño. Porque mientras España cambiaba a un ritmo aparentemente vertiginoso durante los últimos meses, yo conservaba mis referencias, mis vínculos con mis compatriotas. Creía saber en qué país vivía. Pero ahora, mientras muchos medios que no suelen coincidir, coinciden en anunciar que la mayoría de los españoles, incluidos quienes declaran su intención de votar a la izquierda, con la única y honrosa excepción de los votantes de IU, es favorable a la inclusión de la cadena perpetua —embozada en el eufemismo que la describe como “prisión permanente revisable”— en el Código Penal, ya no lo sé. No discuto la calidad del trabajo de los encuestadores ni la honestidad de sus resultados. Me discuto a mí misma, no en mis ideas, ni en mis sentimientos, pero sí en mi, evidentemente errónea, percepción de la realidad. Si la mayoría de los españoles piensan que la cadena perpetua, ausente de nuestra legislación desde 1928, es útil, justa y proporcionada, me queda poco tiempo como columnista. El que esa misma mayoría tarde en apoyar la reimplantación de la pena de muerte.