Dividir inútilmente

El endurecimiento constante de las penas de prisión y la introducción de la cadena perpetua “revisable” son contradictorios con la consideración de España como tercer Estado con más baja criminalidad de toda la Unión Europea —dato este último recordado ayer por el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz—. Es una suerte vivir en un país, o visitarlo, con niveles tan razonables de seguridad como los de España; por eso no se ve la racionalidad de llenar el Código Penal de condenas cada vez más duras, coronadas ahora por la introducción de la cadena perpetua “revisable”.

La omnipresencia de la cárcel ni siquiera garantiza la eficacia preventiva. En Occidente no es tan fácil encontrar automatismos entre sistemas penales muy duros y mayor eficacia contra la delincuencia, como lo demuestra el caso de Estados Unidos. Tampoco es cierto que la pena perpetua “revisable” propuesta por el PP sea equiparable a la que existe en otros países europeos: en Alemania está sometida a una obligación legal de revisión periódica a partir de los 15 años de cumplimiento, mientras la española solo podría revisarse a partir de los 25.

Tampoco es argumento suficiente el hecho de que una mayoría de personas se digan partidarias de esta condena, tal como reflejaba la encuesta de Metroscopia publicada ayer por EL PAÍS. Menos aún cuando el apoyo social a semejante pena ha bajado quince puntos en relación con el que tenía cinco años atrás. Lo peor es que los promotores de la reforma pretenden convertirla en un gesto de autoridad orientado hacia las víctimas del terrorismo y personas escandalizadas por los estrépitos mediáticos organizados en torno a otros crímenes de especial notoriedad.

La justicia que debe imperar en una sociedad racional no puede basarse en incitaciones demagógicas. Nada garantiza que una pena de duración indefinida —que eso es, en definitiva, la cadena perpetua revisable— resulte más disuasoria para los autores de crímenes especialmente repulsivos que la escala penal agravada de hasta 40 años de privación de libertad, ya prevista en el Código vigente.

Carece de sentido forzar una divergencia entre PP y PSOE por este asunto, apenas firmado el pacto antiterrorista. Ni existen razones urgentes o de fondo que justifiquen dividir a la sociedad y a las fuerzas políticas por esta causa.