Situación insostenible

La orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de requisar todos los contratos y facturas en varias sedes de la Comunidad de Madrid que tienen vinculación con alguna de las empresas de la trama Púnica coloca al presidente de esa comunidad, Ignacio González, en una situación cada vez más difícil. Las pesquisas judiciales están poniendo al descubierto que las operaciones sospechosas alcanzan a los círculos más próximos al presidente.

El juez quiere disponer de todos los contratos y facturas de los últimos cinco años que figuren en el Departamento de Contratación, en la Oficina de Comunicación y en la Agencia Informática y Comunicaciones de Madrid (ICM), a cuyo frente figura el consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, número dos del Gobierno autónomo y mano derecha del presidente. Se da la circunstancia de que ese organismo, que gestiona toda la informática de la Comunidad de Madrid y maneja un presupuesto anual de 155 millones de euros, estuvo antes, hasta 2012, bajo el mando directo de González, cuando el ICM dependía de la vicepresidencia que este ostentaba.

El juez investiga si se desviaron fondos públicos a través de facturas falsas de empresas proveedoras para pagar servicios realizados al Partido Popular y sus dirigentes, entre ellos una posible campaña de mejora de la imagen del presidente y miembros del Gobierno autónomo en las redes sociales. El registro judicial alcanzó ayer también al Departamento de Comunicación dirigido por Isabel Gallego, que ha ejercido durante años como uno de los puntales del Gobierno, no solo con el actual presidente, sino también bajo el mandato de Esperanza Aguirre.

El escándalo estalló a finales de octubre con la detención de 35 personas involucradas en la trama, entre ellas el exconsejero de Presidencia, Francisco Granados, que permanece en prisión. El caso no ha dejado de crecer, y lo que ha trascendido hasta ahora es de tal gravedad que resulta inadmisible que el presidente de la comunidad siga actuando como si no fuera con él. Es una grave anomalía, en este y en otros muchos escándalos —como el de la trama Gürtel—, que los máximos responsables políticos de un organismo que está siendo investigado por su relación con una extensa trama de corrupción, por blanqueo de capitales, tráfico de influencias, malversación y otros delitos graves, no se sientan obligados, no ya a dimitir, sino ni siquiera a dar explicaciones.

Se equivocan los que piensan que puede favorecerles la estrategia de aguantar, poner la cabeza debajo del ala y esperar a que amaine. El tiempo no resuelve los problemas; los agrava, en muchas ocasiones. Independientemente de la actuación de la justicia, cuando pase la tormenta esas personas pueden encontrarse con que los ciudadanos toman las decisiones que ellos no fueron capaces de adoptar.