Para salir mejor de la crisis

Muchos economistas hemos sido educados en el dilema entre equidad y eficiencia del sistema productivo. Así, una cierta diferencia en renta entre las personas genera incentivos para progresar, aumentando su nivel de educación y de inversión, lo que contribuye al crecimiento.

Pero las sociedades avanzadas se diferencian por garantizar la igualdad de oportunidades y una cierta redistribución de la renta para reducir el porcentaje de ciudadanos más pobres y promover un crecimiento más inclusivo. Y de hecho, la semana pasada se hizo público el último informe de un organismo internacional, esta vez de la OCDE (Trends in income inequality and its impact on economic growth, por F. Cingano), donde se constata que la desigualdad en los países más desarrollados tiene un efecto negativo sobre su crecimiento futuro.

Vivimos en un tiempo en el que la desigualdad es un fenómeno global y muy visible en nuestro entorno cotidiano. Con los datos más recientes de la OCDE y mirando al indicador estándar de distribución de la renta, EE UU es el país con un coeficiente de Gini más elevado, mientras que los nórdicos son los países con una distribución más igualitaria de la renta disponible de los hogares. Pero un hecho más relevante que ha puesto de relieve el reciente libro de Thomas Piketty, el Capital en el siglo XXI, es su evolución temporal. En los países anglosajones se ha producido desde los años ochenta un aumento del coeficiente de Gini, mientras que en los países de la Europa continental este incremento se ha observado más bien desde los años noventa o al inicio de este siglo.

Los economistas discuten aún sobre los factores que han llevado a esta situación de mayor desigualdad: globalización; cambios tecnológicos; modelos de relaciones laborales; desarrollo financiero, etcétera. Y es posible que alguno de estos factores pueda estar o no relacionado con la observación de Piketty de que históricamente la concentración de la renta ha estado unida a que la rentabilidad del capital haya superado a la tasa de crecimiento de la economía.

Pero todavía más preocupante es que tras la crisis financiera global de 2007-2009, la dispersión de renta en los países más avanzados haya seguido aumentando, y afectando en especial a los ciudadanos más pobres. Sin duda la forma de llevar a cabo los ajustes, con su impacto en el empleo y los salarios, y el tipo de políticas fiscales para reducir el déficit han afectado de forma diferenciada a los países, incluso dentro de Europa. Así España es hoy, junto a algunos otros Estados periféricos de la Unión Europea, uno de los países más desiguales y cuyos índices de pobreza relativa más se han incrementado en los últimos años, reduciéndose el progreso en el nivel de bienestar que se había alcanzado en las décadas anteriores. Y son las familias en el 1% superior de la distribución las que han seguido aumentando su proporción en la renta total, lo que sin duda pone en entredicho la inclusión social del crecimiento hasta 2007 y, posteriormente, el reparto de los costes de la crisis.

Hay que reformar la formación y la contratación de cara a los jóvenes

Centrándonos en Europa tras la crisis, los recientes aumentos en la desigualdad están íntimamente relacionados con el deterioro de las condiciones de la población en edad de trabajar. Los aumentos en las tasas de desempleo, su persistencia (con el incremento del desempleo de larga duración) y su especial incidencia en determinados grupos de edad, como los jóvenes, influyen negativamente en los diferentes indicadores de bienestar social. Y no es de extrañar que el detrimento en el sentimiento hacia las instituciones europeas que muestran las sucesivas encuestas del Eurobarómetro, tras 2009, esté muy vinculado con la situación económica; y en particular, con la evolución de las tasas de paro.

Mientras EE UU ha reducido su tasa de paro desde 2009 en casi cinco puntos y se encuentra ya en el 5,8%, en Europa se mantiene en un nivel superior al 10%, todavía muy superior al de antes de la crisis. Y las cifras son alarmantes entre los jóvenes. La tasa de paro es más del doble para los trabajadores de menos de 25 años (21,6%). Uno de cada cinco jóvenes que en Europa quiere trabajar no encuentra un empleo, y el porcentaje que ni trabaja ni estudia es del 13%. Además, la diferencia entre países es enorme, en especial entre el norte y el sur. En España y Grecia, uno de cada dos jóvenes no encuentra empleo, mientras que en Italia y Portugal es uno de cada tres.

Como indica el señalado estudio de la OCDE, además de las políticas fiscales y las políticas sociales, la formación en los segmentos más desfavorecidos de la población es un canal clave para reducir el impacto de la desigualdad en el crecimiento económico. La inversión en capital humano, tanto en términos de calidad como de nivel, es un elemento determinante para mejorar la productividad. Y en los momentos de mayor desigualdad son necesarios esfuerzos adicionales para que los grupos de población más débiles no se vean afectados en sus decisiones de inversión en educación por sus restricciones de renta.

Parece que hay un consenso entre las nuevas instituciones europeas surgidas tras las elecciones de mayo para hacer frente a los presentes desafíos de bajo crecimiento y productividad. En este sentido, hay que dar la bienvenida a iniciativas europeas como la Garantía Juvenil, dotada con 6.000 millones, para asegurar en un tiempo inferior a cuatro meses un empleo de calidad o formación para los jóvenes de menos de 25 años, las nuevas legislaciones nacionales para favorecer el aprendizaje en las empresas o incluso las iniciativas privadas como la promovida por J. P. Morgan y Fedea New skills at work para definir estrategias compartidas. Pero el legado de la crisis en términos de desempleo y desigualdad es enorme y exige esfuerzos más potentes y coordinados que permitan salir de un largo periodo de bajo crecimiento. Además de políticas de demanda expansiva y recursos presupuestarios suficientes en educación reglada y no reglada, son necesarias reformas en los sistemas de formación y de contratación que fomenten la acumulación de capital humano, en especial entre los jóvenes.

El Consejo Europeo de hoy y mañana va a discutir un plan de inversión en infraestructuras superior a 300.000 millones de euros. Sin duda, el diseño de un plan eficiente que mejore las redes de transporte, de telecomunicación o energéticas en función de las necesidades de cada país favorecerá el empleo y el crecimiento potencial en Europa. Pero los líderes europeos deberían también impulsar la inversión en capital humano, especialmente en aquellos países más castigados por la desigualdad y el desempleo juvenil, si quieren una salida de la crisis más sostenible.

Javier Vallés fue director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.