Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
PUNTO DE OBSERVACIÓN

Los indescifrables “avances democráticos” del PP

Solo la creencia de que ha desaparecido el centro político explica la nueva Ley de Seguridad con su indudable tufo ideológico

La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana aprobada esta semana en el Congreso contempla 45 casos en los que los ciudadanos podrán ser sancionados con multas, sin necesidad de que ningún juez esté previamente de acuerdo, por simple decisión administrativa, es decir, de los responsables del Ministerio del Interior. De esos casos, que pasan a calificarse de infracciones, cuatro serán muy graves (multas de 30.000 a 600.000 euros), 24 graves (multas de 601 a 30.000 euros) y 17 leves (de 100 a 600 euros).

El que el Ministerio del Interior y el PP califiquen la nueva ley de “avance democrático” y “garantía de las libertades” es un misterio, es decir, un asunto cuya explicación se desconoce, porque cualquier lectura atenta de su texto revela una mezcla apabullante de sanciones para comportamientos que ya tienen condena penal con otras que están destinadas, simple y llanamente, a limitar el uso de derechos democráticos. Es decir, que se formulan como una clara amenaza contra comportamientos que supongan protesta o queja en ámbitos públicos o, simplemente, que no se comprometan a exhibir total sumisión a la autoridad.

De esta ley sorprenden dos cosas: su nula justificación y su indudable tufo ideológico. No existe ningún estado de alarma por algaradas o revueltas callejeras ni el más mínimo atisbo de violencia en espacios públicos que haya podido llevar a este Gobierno a pensar que debía satisfacer, de alguna forma, las quejas de ciudadanos pacíficos y asustados. Los ciudadanos pacíficos de este país no están asustados por la violencia callejera, sino por las políticas del Gobierno. Y puede que ahora estén más asustados que antes porque algunos de ellos podrán ser sancionados, hasta con 600.000 euros, por “reunirse o manifestarse, sin comunicarlo, en instalaciones en las que se presten servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones”. ¿Incluye eso a los vecinos del hospital de la Princesa, en Madrid, que protestaron durante semanas frente a sus puertas para impedir que dejara de ser un centro de asistencia sanitaria? Seguramente.

Solo un recurso a la ideología más conservadora y la creencia de que ya no existe el centro explicarían la nueva ley

Lo más inquietante de la nueva ley, al margen de los innumerables problemas jurídicos que plantea y de la patente ilegalidad de las llamadas “devoluciones en caliente”, es que demuestra una voluntad autoritaria que no había formado parte, hasta ahora, de la estrategia del PP. El Partido Popular ha intentado, casi siempre, ocupar un espacio de orden, pero dentro de un centro-derecha genérico que le permitiera disputar un espacio común a los socialistas.

Es a ese centro a lo que parece estar renunciando Rajoy, tal vez porque considera que su escaso crédito personal solo puede sostenerse enrocándose en un espacio pequeño, pero bien definido. Lo asombroso es que el PP en su conjunto lo consienta, porque los intereses del partido, que nunca había confundido hasta ahora su identificación con el orden con un proyecto autoritario, no tienen por qué coincidir con los de su presidente.

Aunque quizás esa coincidencia sí existe porque, como describe Andrés Ortega, ya se ha producido la “desaparición del centro” y el PP va a desarrollar en 2015 una campaña basada en la búsqueda de enfrentamientos agudos con sus oponentes y en el miedo (a Podemos), “lo que supondría una ruptura con respecto a los años de la Transición y la democracia”. Quizá la fidelidad al PP se haya quedado reducida ya a su electorado más conservador y eso sea lo que explique tanto su inmovilidad en el tema constitucional, como su posición en el tema catalán. Solo un recurso a la ideología más conservadora y la creencia de que ya no existe el centro explicarían la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

Pero incluso los más conservadores y autoritarios deberían saber que no tienen garantizado el poder en las próximas elecciones y que esa ley que tanto aprecian podría perfectamente ser aplicada por otro ministro del Interior contra ellos mismos y sus manifestaciones. Esperemos que sus sucesores se limiten a derogarla. 

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.

Más información