La batalla de la vacuna contra la varicela

Hace algo más de un año, las autoridades españolas de Sanidad bloquearon la venta en farmacias de la vacuna contra la varicela, para evitar los abusos que venían detectando. El criterio del Ministerio de Sanidad es que no debe administrarse en edades tempranas, pero los pediatras han seguido prescribiéndola. La multinacional farmacéutica Sanofi Pasteur Merck Sharp and Dohme, fabricante de esa vacuna, contraatacó con todas sus armas contra la decisión del Gobierno español. Un reportaje publicado el 9 de noviembre en el suplemento Domingo, en el que se relataba este enfrentamiento, ha motivado una queja de la Asociación Española de Pediatría.

El artículo, titulado La inyección farmaceútica, y firmado por José Luis Barbería, relataba esta pugna feroz entre la Administración y Sanofi Pasteur MSD. En él se contaba cómo, aunque el Ministerio de Sanidad decidió en 2005 que no se vacunara contra la varicela en edades tempranas (a los niños que no pasan la enfermedad se les vacuna a los 12 años), los pediatras españoles han prescrito 400.000 dosis de la vacuna, haciendo caso omiso de la recomendación oficial. El texto señala que Sanofi Pasteur se ha apoyado en esta guerra contra la tesis gubernamental, en la Asociación Española de Pediatría (AEP), la Asociación Española de Vacunología, y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, partidarias de vacunar contra la varicela en edades tempranas.

  El doctor Serafín Málaga Guerrero, presidente de la Asociación Española de Pediatría (AEP), que agrupa a 9.000 pediatras, me ha remitido una larga carta de protesta en la que comienza quejándose de que el autor del reportaje no se pusiera en contacto con esta asociación, antes de pasar a abordar otros aspectos del mismo, dado que, señala, "algunas de las afirmaciones vertidas en el artículo resultan inexactas, tendenciosas y sesgadas. Éstas son las principales quejas de la AEP:

  En primer lugar, la Asociación Española de Pediatría nunca ha respaldado a la compañía Sanofi Pasteur MSD en su conflicto con el Ministerio de Sanidad y sus organismos dependientes. La AEP, a través de su Comité Asesor de Vacunas y de acuerdo a la evidencia científica de la que dispone, ha mostrado públicamente su desacuerdo con la decisión de la Administración de cortar la distribución de la vacuna de la varicela y, posteriormente, de declararla de uso hospitalario.

Respecto a la afirmación de que la gran mayoría de los países europeos reservan la vacuna a los adolescentes de 12 años que no hayan pasado la infección y a los grupos de riesgo, quiero matizar que, aunque, efectivamente, solo Alemania, Grecia, Letonia, Austria, Luxemburgo, Chipre y algunas regiones italianas tienen incluida la administración temprana de la vacuna en sus calendarios, todos los países europeos, excepto España, tienen disponible la venta de la vacuna de la varicela en las farmacias. Desde nuestro punto de vista, esto deja a los niños españoles en una situación de desventaja respecto al resto de los niños europeos. Cabe mencionar, además, que Estados Unidos, Canadá y Australia vacunan también a los niños pequeños frente a la varicela de forma sistemática.

En el artículo, Francisco Salmerón, jefe de la división de productos de la Agencia Española del Medicamento denuncia, sin embargo, el abuso que representa para el consumidor español el hecho de que España sea el país de Europa donde esta vacuna tiene un precio más elevado (71 euros dos dosis). Y este dato no me parece irrelevante.

El doctor Málaga prosigue: Respecto al tono dubitativo en el que el autor realiza la afirmación de que La opinión de que los médicos tienen libertad de prescripción está muy asentada, queremos manifestarle que, en nuestro Sistema Nacional de Salud, la libertad de prescripción es una máxima que garantiza que el profesional sanitario pueda hacer la mejor recomendación para la salud del paciente teniendo en cuenta únicamente las evidencias científicas y clínicas, no a condicionantes o decisiones políticas. Algo de lo que deberíamos enorgullecernos en lugar de ser utilizado para cuestionar la profesionalidad de los médicos españoles.

    En cuanto a los conflictos de intereses de los que nos acusa el señor Ildefonso Hernández, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), nos gustaría aclarar una vez más que las relaciones de la AEP y sus representantes con la industria es pública y transparente y no afecta de ninguna manera a su profesionalidad y sus recomendaciones clínicas y científicas. Estas relaciones, reconocidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se rigen por el Código de Buenas Prácticas de las Sociedades Científico-Médicas de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME). El interés de la AEP por vacunar responde única y exclusivamente a su defensa de los intereses de salud de la población.

  Por último, queremos matizar que la persona del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría que acudió al juicio entre la compañía farmacéutica y la administración fue llamada a declarar como experto técnico, sin tener opción a decidir si quería o no participar en ese juicio.

 José Luis Barbería, autor del reportaje, responde a estas críticas:

No me parece que pueda considerarse sesgada la afirmación de que el laboratorio farmacéutico fabricante de la vacuna contra la varicela ha contado en su conflicto con la Administración con el respaldo de la Asociación Española de Pediatría, (AEP) la Asociación Española de Vacunología (AEV) y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. De hecho, los argumentos aportados públicamente por esas asociaciones médicas censurando el criterio de la autoridad sanitaria gubernativa son los que la empresa farmacéutica ha exhibido en todo momento a lo largo del proceso. El contexto del artículo en el que figura esa afirmación remite al lector a un respaldo exclusivamente argumental, técnico, profesional, puesto que a continuación se expone la postura favorable a la vacunación temprana que defienden esas tres asociaciones.

En cuanto a la queja de la AEP de que nunca fue contactada, Barbería añade: Creo que los directivos de la AEP no pueden dar a entender que los planteamientos de su asociación no hayan sido claramente expuestos. El principio inapelable del periodismo que nos obliga a consultar y contrastar las fuentes se ha aplicado en este caso recogiendo expresa y textualmente la parte central de los argumentos con los que la propia AEP justifica en su página web oficial la recomendación de vacunar a todos los niños de entre uno y dos-tres años. Esas explicaciones se suman a los postulados recogidos en el artículo que comparten con las otras dos asociaciones contrarias a la política de la Administración y a las declaraciones que en apoyo de las mismas tesis efectúa en formato entrevista, dentro del reportaje, el vicepresidente primero de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga Llop, que es además presidente de la Societat Catalana de Pediatría, y como tal, forma parte de la junta directiva de la Asociación Española de Pediatría.

  Barbería concluye: El reportaje periodístico carece de la vocación exhaustiva del informe; se limita a describir hechos, realidades, y a ilustrarlos con datos, opiniones y elementos que permitan al lector considerar el asunto desde distintos ángulos y hacerse una idea, una opinión. Por lo demás, no me corresponde entrar a sopesar las objeciones de la AEP a las críticas que recibe de las otras partes implicadas en la polémica: la Agencia Española de Medicamentos y aquellas asociaciones médicas que sí respaldan la política de vacunación contra la varicela aplicada por la Administración. Hacerlo requeriría reabrir turnos de réplica y contrarréplica.

   He leído con suma atención el reportaje, y me parece bien argumentado y suficientemente documentado. Considero que están recogidas las posiciones de todas las partes en esta polémica, y se exponen con un criterio justo todos los argumentos.

Otra cosa es que el reportaje no sea neutral, como no pueden serlo los reportajes interpretativos, un género del periodismo que permite (y obliga) al autor investigar un tema, sacar sus propias conclusiones, y redactarlo en consecuencia. Barbería ha recogido amplia información sobre el caso, ha hablado con las partes, ha analizado el tema, y su reportaje hace una interpretación, a mi juicio justa, de los hechos, tal y como permite el Libro de Estilo de EL PAÍS, evitando los juicios de valor.