De todos los niños y menores

La aprobación de la Convención de los Derechos del niño (CDN) en 1989 y su explícito reconocimiento a los niños por lo que pueden aportar a la sociedad, la profunda transformación orientada a dejar de tratar a los niños como objetos que requieren protección para pasar a verlos como ciudadanos en formación dibujó un cambio, una revolución normativa en los ordenamientos de los países firmantes de la CDN y en muchas de las prácticas de los organismos e instituciones encargados de la protección de los niños.

El reto más importante que tenía, y tiene, nuestro trabajo como defensores de los derechos de la niñez es el cambio social en la percepción del valor de los menores y su papel en la sociedad. Seguimos teniendo sistemas que no fomentan la participación infantil y juvenil en las cosas que les atañen: la escuela, las decisiones familiares, la gestión municipal... La Convención es un instrumento de “construcción de ciudadanía” desde la infancia, de tal manera que desde niños sepamos ejercer nuestros derechos, exigirlos y participar de responsabilidades compartidas en la familia y en la sociedad. Los adultos nos sorprendemos de la escasa participación ciudadana en temas políticos, en movimientos sociales y en general de la escasa implicación de los ciudadanos. Ya el jurista y filósofo italiano Norberto Bobbio señalaba que consolidada la democracia política a través de la institución parlamentaria, resulta claro que una cosa es la democratización del estado y otra, muy distinta, la democratización de la sociedad. Para recorrer ese camino debemos apostar por el trabajo en desarrollar un marco educativo que promocione la participación de niños y jóvenes en la vida pública.

Lo avances en los 25 años de vida de la CDN han sido muchos en diferentes grados. Especialmente significativa es la caída en la mortalidad de menores de cinco años por enfermedades prevenibles: el número anual de muertes de menores de 5 años se redujo de alrededor de 12,6 millones en 1990 a unos 6,3 millones en 2013, aunque no alcanzaremos el Objetivo de Desarrollo del Milenio. También se han producido progresos en materia de protección a los niños con la consolidación de sistemas destinados a tal fin en muchos países o el reconocimiento de las garantías procesales en el caso de que haya pequeños en conflicto con la ley penal.

En España hemos acometido importantes reformas en materia normativa e institucional que han mejorado la vida de muchos niños, sin embargo, el creciente grado de desigualdad que vive nuestra sociedad puede tener múltiples consecuencias en nuestro país. Por aprender y mirar en el espejo de otras situaciones similares, tenemos el ejemplo de la región latinoamericana que en los años 90 se caracterizaba por ser la región más inequitativa del mundo. Allí se estableció lo que vino a llamarse la doctrina de la situación irregular, visión sobre la infancia previa a la aprobación de la CDN y donde, en aras de la protección de los niños, todas las legislaciones de América Latina otorgaban a los jueces de menores poderes discrecionales sobre la vida de los pequeños. No existían las reglas del debido proceso (protección judicial, presunción de inocencia, derecho a un abogado…) en el ámbito penal. Y, en general, se distinguía entre el término menor para referirse a aquellos que viven en una situación irregular (menores de la calle, menores delincuentes, menores inmigrantes,…) y el resto de los menores, esos sí llamados niños, los que viven en familia, van a la escuela y tienen derechos.

Hemos establecido categorías y nomenclaturas distintas para poder soportar que los niños que cruzan las fronteras del sur al norte, ya sea en el Río Grande o Melilla, son menores inmigrantes no acompañados, que tenemos menores en riesgo social, menores trabajadores y menores que están malnutridos.

Son niños y son nuestros niños, ese es el espíritu de la Convención y el reto que como sociedad enfrentamos. El camino de la desigualdad y la falta de oportunidades transcurre por la propia diferenciación entre nosotros, los que podemos pagar por determinados servicios y oportunidades para nuestros niños y ellos los pobres, los otros, estigmatizados entre otras cosas por el propio término social de menores. Trabajemos para construir sociedades equitativas y donde todos los niños, vengan de donde vengan y estén en la condición en que estén, sean niños con derechos y oportunidades.

Javier Martos es director ejecutivo de UNICEF Comité Español.