Tasa Robin Hood: gana la banca (por ahora) y con ayuda de España

Esta entrada ha sido escrita por Vanessa López, directora de Salud por Derecho.

Escribo desde un pasillo del Parlamento Europeo en Bruselas, sentada en unos de esos escalones con moqueta, con mi pegatina para visitantes y con los ojos puestos el próximo ECOFIN del 9 de diciembre, el último del año. Será también la última oportunidad para que los Ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) se pongan de acuerdo en algo que llevan dándole vueltas y más vueltas durante los últimos tres años: el Impuesto a las Transacciones Financieraso Tasa Robin Hood.

Es posible que el tema no les suene o que les parezca demasiado técnico, pero espero captar su atención si les digo que tres de los principales países de la UE, entre ellos España, están dispuestos a dejar de ingresar en las arcas públicas unos 30.000 millones de euros anuales porque en las negociaciones para decidir qué productos financieros van a gravar con este impuesto prefieren ponerse del lado de la banca, un sector que apenas paga impuestos y cuyo irresponsable comportamiento ha sido el causante de gran parte de la crisis financiera.

Un momento crítico para el Impuesto a las Transacciones Financieras

El pasado viernes 7 de noviembre, justo hace una semana, todas las organizaciones de la sociedad civil andábamos de cabeza porque los ministros de finanzas de la UE se reunieron en el ECOFIN para avanzar en unas negociaciones que llevaban meses bloqueadas porque Francia, España e Italia están intentando, por todos los medios y con la ayuda del lobby financiero, limitar el alcance de este impuesto para que sólo grave acciones y deje fuera los bonos y los productos derivados.

Afortunadamente Alemania no ha cedido y ha anunciado que seguirán negociando qué derivados incluirán y que habrá una segunda fase de aplicación del impuesto, más ambiciosa. Por tanto, la buena noticia es que todavía hay margen hasta el ECOFIN del 9 de diciembre para que los gobiernos de España, Francia e Italia cambien de posición, se pongan del lado de la ciudadanía y acuerden implementar un Impuesto a las Transacciones Financieras que realmente sirva para algo.

Un mal impuesto no valdría la pena

Echemos un poco la vista atrás y vayamos hasta otro ECOFIN, el de mayo de este año, para entender dónde estamos y qué nos estamos jugando. Después de que la sociedad civil llevara años proponiéndolo, la Comisión Europea hace en 2011 la propuesta de aplicar un impuesto a las transacciones financieras que gravara acciones, bonos y derivados y cuya recaudación podría alcanzar 35.000 millones de euros anuales en los once países que se comprometieron a aplicarlo dentro de un mecanismo de cooperación reforzada

Las discusiones pasaron por altos y bajos e incluso estuvieron en punto muerto durante algún tiempo. Pero en el ECOFIN de mayo de este año, los once países se comprometieron a cerrar un acuerdo sobre el diseño del impuesto en diciembre, hacer los trámites para su aplicación en 2015 y empezar a recaudar en enero de 2016. También se comprometieron a que en esta primera fase de aplicación el impuesto gravaría acciones y derivados. El problema es que esta aproximación ya es menos ambiciosa de lo esperado y de lo deseable. Pero todas las alertas empiezan a sonar cuando Francia, España e Italia, en contra de la posición de Alemania y Austria, que quieren aplicar un impuesto de base amplia, más en la línea de la propuesta de la Comisión, pasan a la ofensiva y se proponen dejar en nada el impuesto al querer gravar sólo las acciones. Las consecuencias de que esta posición prosperase serían terribles porque tendríamos un impuesto que no valdría para nada: ni para desincentivar las transacciones altamente especulativas; ni para contribuir a regular el sistema financiero; ni para recaudar, pues se dejarían de ingresar unos 30.000 millones de euros anuales en los once países europeos, 4.000 de ellos solo en España, que podrían ser invertidos en políticas sociales, luchar contra la pobreza y en bienes públicos globales.

El llamamiento de 1000 organizaciones europeas

Todas estas importantes cuestiones, que no son técnicas, sino que dependen de la voluntad política se están negociando ahora y en las próximas tres semanas. El gobierno español, como el resto de los países que están poniendo palos en la rueda, tienen que decidir de qué lado están. Por ello, 1.000 organizaciones europeas les hacemos un llamamiento para que se pongan del lado de la ciudadanía.