Los asentamientos de la desigualdad en América Latina

Esta entrada ha sido escrita porLuis Bonilla, Director Regional de TECHO(@unTecho).

En una época de confusión organizada, de desorden decretado,

de arbitrariedad planificada y de humanidad deshumanizada,

nunca digan: “¡Es natural!”. Para que todo pueda ser cambiado

(Bertold Brecht)

El 80% de la población latinoamericana vive en las ciudades de la región. Después de décadas de acelerado crecimiento demográfico, la región ha llegado a ser considerada más urbanizada del planeta. Este nivel de crecimiento se remonta principalmente a mediados del siglo pasado, siendo una de sus causas principales la migración del campo a la ciudad.

Asimismo, ya es bastante conocido que nuestra región también es la más desigual de todo el mundo. En gran medida, esto ha sido el resultado de décadas de haber implementado políticas neoliberales que apostaban por el crecimiento económico a partir de la apertura de los mercados en base a una lógica privatizadora de prestación de servicios públicos. Entre otras cosas, esto terminó desmantelando los incipientes sistemas de seguridad estatal latinoamericanos.

Actualmente en Latinoamérica, el 10% de la población más rica acapara aproximadamente el 40% de los ingresos totales y el 10% más pobre que recibe un poco más del 1%. Además, si bien la proporción de la población urbana viviendo en situación de pobreza dentro de la región ha descendido en la última década, en coincidencia con la leve reducción de la desigualdad, en la actualidad hay 124 millones de personas viviendo en esta situación.

La desigualdad imperante, sumada a la alta tasa de urbanización, ha tenido un efecto directo en las dinámicas urbanas de Latinoamérica. El crecimiento acelerado que vivieron las ciudades generó un aumento en las demandas sociales y de servicios que fueron incapaces de ser cumplidos por los gobiernos.

Nuestros países no han sido capaces de generar ciudades armónicas donde se promueva el desarrollo de los habitantes en condiciones de igualdad y respeto a los derechos. Por el contrario, las ciudades latinoamericanas se han convertido en las más peligrosas del mundo y se caracterizan por los altos niveles de segregación social y territorial. Se ha priorizado la generación de condiciones para promover la actividad económica privada y la comodidad individual prevalece por sobre el bienestar común.

Este tipo de política se ha encargado de ampliar al extremo la lógica del mercado, llegando a abarcar servicios públicos que son necesarios para garantizar los derechos sociales de todos los ciudadanos. Es decir, las personas reciben distintos tipos de calidad de servicios en dependencia de cuánto paguen por adquirirlos.

La persistencia de esta dinámica ha debilitado la concepción de la política social, limitándola al desarrollo de programas y acciones que apoyen o asistan a aquellos ciudadanos que se ven afectados negativamente por la lógica del mercado, para que así puedan tener mínimos de subsistencia. En Latinoamérica, se dice que la política social se ha convertido en una ambulancia de calidad cuestionable que debe recoger a las víctimas de la política económica.

En ese sentido, la desigualdad no sólo está afectada y afecta los niveles de ingresos de la población. En una sociedad de mercado, lógicamente, también se generan brechas sociales importantes en términos de educación, salud, seguridad social y acceso a la tierra que a su vez van contribuyendo a la reproducción de esa desigualdad a través de las distintas generaciones.

Los asentamientos humanos son una evidencia extrema de las consecuencias de esta dinámica de urbanización en el marco de una sociedad estructuralmente desigual. En las últimas décadas el número de personas que viven en asentamientos humanos ha ido aumentando en la región, y actualmente 1 de 4 latinoamericanos que viven en zonas urbanas habita en un asentamiento en situación de pobreza, mientras comparten ciudades con 15.000 ultramillonarios.

Desde una perspectiva multidimensional, la característica principal de estas comunidades es la falta de garantía de los derechos sociales reconocidos en amplias declaraciones a las que se adhieren los países de la región.

Son comunidades a las cuales la lógica del mercado les da la espalda y por la débil capacidad de gestión pública asociada a este sistema, tampoco el Estado responde de manera integral a su derecho a la educación, salud, seguridad social, agua y toda la serie de Derechos Humanos a los que cada persona debe tener garantizada por el hecho de serlo, es decir, independientemente de su nivel de ingreso, trabajo, lugar de residencia, etc.

En otras palabras, las sociedades latinoamericanas, a través de esta lógica, han dejado a los pobladores de los asentamientos humanos a su propia suerte y a los ingresos que puedan obtener para poder comprar un poco de calidad de vida, mientras las vías del desarrollo pasan frente a sus comunidades.

Superar la injusticia extrema de la pobreza en los asentamientos humanos latinoamericanos y poder garantizar que todos los ciudadanos tengan pleno acceso a sus derechos, requiere tomar en serio la necesidad de romper con el problema de la desigualdad que privatiza los derechos.

Para lograrlo es necesaria una enérgica reivindicación de lo público, entendido como espacio en el que nos encontramos como ciudadanos miembros de una sociedad en términos de igualdad y reciprocidad para la construcción de un sistema donde todos, independientemente de donde vengamos, tengamos acceso a los mismos derechos, para ir transformando nuestras sociedades de privilegios en sociedades de derechos.

[Pueden seguir las noticias sobre este asunto en#AsentamientosenAgenda a lo largo de la semana.]