Emergencia mexicana

La desaparición de 43 estudiantes de magisterio —de los cuales han sido recuperados 17 cuerpos— en Iguala, a sólo 200 kilómetros de la capital mexicana, muestra la necesidad urgente de que el plan de reformas en profundidad iniciado por el presidente Enrique Peña Nieto llegue también a las fuerzas de seguridad, un elemento clave en la estabilidad democrática del país norteamericano.

El hecho de que agentes de policía se llevaran detenidos a los jóvenes y posteriormente, según propia confesión de algunos uniformados, los entregaran a sicarios del narcotráfico para que éstos hicieran con los estudiantes lo que quisieran es un grave motivo de alarma; pone al descubierto la infiltración de los carteles de la droga en uno de los pilares del Estado. Además, destapa un sórdido mundo de connivencias, caciquismo y negación de la voluntad popular encarnada por los poderes democráticamente elegidos; un mundo en el que la violación de los derechos humanos es sistemática en la creencia de que la impunidad no podrá ser jamás destruida con los mecanismos democráticos del Estado.

Por desgracia el problema no es nuevo: forma parte de una pesada herencia recibida por Peña Nieto al asumir el cargo de presidente de la República. Eso, en todo caso, no le exime de responsabilidad a la hora de actuar con urgencia para aclarar completamente los hechos, perseguir, detener y castigar a los culpables y evitar que vuelvan a producirse sucesos similares.

Peña Nieto es el impulsor del programa reformista y modernizador más ambicioso de México en su historia reciente. Desde las telecomunicaciones a la energía, pasando por la fiscalidad o la educación, el mandatario ha conseguido un notablemente amplio —e inédito— consenso político en el país para hacer que México responda al reto de formar parte de una asociación privilegiada y exclusiva con dos de las principales economías del mundo (las de Canadá y Estados Unidos, la mayor superpotencia) y, por extensión, de los países que más van a aportar a medio plazo al crecimiento global.

Avanzar en este reto es incompatible con situaciones que no solo pertenecen al pasado, sino que que proyectan un futuro en el que el crimen decidiría sobre la vida de los ciudadanos y se serviría de estructuras del Estado para hacerlo. Es urgente terminar con esa situación.