¿Son cómplices las ONG del deterioro del Estado de bienestar?

Esta entrada ha sido escrita por Jose Ignacio Santás García (@nachosantas), trabajador social y autor del blog Pasión por el trabajo social.

Foto: Carles Ribas/EL PAÍS.

¿Reparto de alimentos? ¿Movilización? ¿Cuál es el papel que juegan las ONG ante el deterioro de las condiciones sociales en España? ¿Qué retos tienen por delante? ¿Cuál es su lugar ante la ciudadanía?

Uno de las mayores evidencias del actual retroceso del sistema de bienestar es la reducción de la financiación de un sistema público de servicios sociales (casi desconocido frente a los otros tres: educación, sanidad y empleo/seguridad Social) que nació malherido al carecer de marco estatal y que ha crecido complementado por el llamado Tercer Sector (no gubernamental). El Plan estatal Concertado para las Prestaciones Básicas de Servicios sociales -que daba algo de homogeneidad al sistema- ha disminuido desde 96 millones de euros en 2009 a 26 millones en 2013. Las administraciones autonómica y local no quedan a la zaga: las comunidades autónomas han reducido su gasto en servicios sociales un 10,5% desde 2011 y en las administraciones locales el recorte ha sido del 20%. Así, en plena crisis económica y casi humanitaria, el papel de los servicios sociales como eje vertebrador de la sociedad española se ha debilitado alarmantemente.

Las políticas públicas de austeridad han supuesto una reducción del gasto tanto para prestaciones como para la partida de personal, incapacitando a las propias administraciones para adaptarse a las crecientes necesidades de la población de la que son responsables. Prueba de ello es que las prestaciones de los servicios sociales no solo han sido recortadas en el ámbito de la dependencia (a pesar del impulso que supuso la aprobación de la Ley), sino en aquellas que precisamente contribuirían a paliar algunos efectos de la crisis: las rentas básicas para personas sin ingresos. Algunas comunidades autónomas tardan hasta dos años en conceder una prestación de este tipo, de cobertura de necesidades básicas a familias sin ningún tipo de recurso.

Como consecuencia de estas políticas, las ONG (dependientes en más de un 50%, como promedio, de la financiación pública) han experimentado un recorte en los fondos procedentes de las distintas administraciones, tanto en cooperación internacional como dentro del país. Todo ello de manera simultánea al descenso de los ingresos de origen privado: desde 2011 el 27% de los ciudadanos han reducido sus aportaciones a estas entidades (reduciendo o dejando de colaborar).

Esta merma de ingresos -unida a la amenaza de una reforma en la Ley de Subvenciones que puede estrangular a las organizaciones pequeñas- no permite aventurar un futuro muy optimista para el Tercer Sector, por lo que las ONG están buscando desesperadamente la manera de sobrevivir. En la actualidad son multitud las organizaciones más centradas en buscar fondos que en sostener la movilización social, a pesar de la pérdida de independencia política que ello conlleva. Se están convirtiendo en entidades paragubernamentales, aprovechando en cierto modo el vacío dejado por la retirada del sistema de bienestar y convirtiéndose en cómplicesde la misma.

Ante este panorama, y como respuesta al entorno de crisis socioeconómica que viven las familias, la acción social está contemplando el resurgir de iniciativas de solidaridad (como reparto de alimentos y roperos), que, promovidas por muchas ONG, cuentan con el apoyo de las mismas administraciones que reducen los recursos públicos. Este apoyo se formaliza mediante acuerdos y convenios, cesión de espacios e infraestructuras e incluso mediante la externalización de sus servicios, creando microsistemas de servicios sociales low-cost de tipo meramente asistencial y que no garantizan derechos como la equidad o la transparencia.

Es por tanto urgente que el Tercer Sector haga un ejercicio por reinventarse, recuperando su esencia: la movilización ciudadana (volcando sus esfuerzos en convertir a socios en activistas), la reivindicación y la búsqueda del cambio social mediante la participación desde la independencia política, a pesar de que, en este camino, algunas puedan perder tamaño o incluso desaparecer.

De este proceso no solo depende la naturaleza del Tercer Sector y la participación ciudadana, sino que puede afectar al propio sistema público de servicios sociales, y, en definitiva, a los derechos de la ciudadanía.