Reformar la Constitución

El Gobierno pretende asociar la idea de regeneración de la democracia a una serie de iniciativas que van desde el cambio en el sistema de elección de alcaldes al recorte de cargos con derecho a fuero judicial. Esto último ha tropezado con la objeción del PP a tocar la Constitución, expresada por su secretaria general, María Dolores de Cospedal, lo cual equivale a dejar el fuero de muchos políticos como está. El planteamiento de partida es profundamente erróneo, porque no puede haber un verdadero debate de regeneración de la democracia desde una postura de resistencia previa a todo cambio constitucional.

Es cierto que no todas las medidas de mejora de la calidad de la democracia exigen tocar la máxima ley. Es posible implantar controles más estrictos del gasto público, agilizar los procedimientos judiciales contra la corrupción o forzar medidas de democracia interna y de control de la financiación de los partidos políticos en el marco vigente. Por el contrario, otras cuestiones capitales pueden exigir cambios de envergadura en la Constitución, como la reforma de la ley electoral general. Circunscribirlo a los alcaldes es un modo de orillar problemas de representación más amplios y justifica la acusación de ventajismo que ha recibido el Gobierno. No se deben cambiar las reglas del juego a pocos meses de la convocatoria de los comicios, sino al margen del periodo electoral, como ha sugerido el líder socialista, Pedro Sánchez.

EL PAÍS contribuyó a identificar el problema de la ley electoral y otros asuntos capitales cuando publicó un decálogo de propuestas en febrero de 2013, que desembocaba en la reforma constitucional. El paso del tiempo no ha hecho sino confirmar que no habrá solución duradera para las cuestiones de Cataluña y del País Vasco sin una transformación federal del Estado, lo mismo que es necesario encauzar el grado creciente de insatisfacción provocado por el Estado de las autonomías y convertir el Senado en una institución útil. Y para todo eso se necesita tocar la Constitución.

Cualquier voluntad regeneracionista se quedará corta, lejos en todo caso de lo que España precisa, mientras no se aborden las cuestiones clave con voluntad de negociación. Tiene razón la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, al defender que lo importante es avanzar respecto al fondo de los problemas y solventar después las cuestiones “técnicas” —es decir, las leyes que quedan afectadas—, como dijo el viernes respecto del recorte de aforados; el criterio debería ser válido para otros muchos asuntos. La crisis política es aún más grave y profunda que la económica. La desafección hacia el sistema institucional ha crecido exponencialmente entre gravísimas acusaciones de corrupción, descrédito de los políticos e ineficiencias de los organismos públicos. Por eso son insuficientes las medidas planteadas por el Gobierno. No solo está en entredicho la representación política, sino un entramado institucional anquilosado y clientelar que lleva a los ciudadanos a descalificar a los políticos prácticamente en bloque.

La Constitución, gran operación histórica de la Transición, ha regido eficazmente más de tres decenios de la vida pública española; ahora hay que situarse en el horizonte de las próximas décadas y revisar todo lo que se opone al restablecimiento de la confianza de la sociedad en sus instituciones. Admitir la necesidad de la regeneración democrática implica eliminar los vetos a tocar las leyes que sean precisas, incluida la Constitución. Nada tiene de malo hacerlo, ni cabe refugiarse en una levísima mejoría de las condiciones de crecimiento económico para dar por supuesto que eso resolverá la crisis política y la desafección hacia las instituciones.