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Combatir la pobreza energética: soluciones técnicas sostenibles

Es viable la instalación de renovables en el hogar que reduzcan la dependencia energética

Por pobreza energética se alude a la incapacidad de un hogar para satisfacer un mínimo de servicios energéticos para cubrir sus necesidades básicas domésticas tales como la climatización de la vivienda, cocinar, asearse, comunicarse, etc. Este concepto, utilizado en el informe realizado por la Asociación de Ciencias Medioambientales, pone de manifiesto una antigua realidad y entronca con los elementos básicos del derecho humano a una vivienda adecuada, tal como ha sido definido por el primer Relator Especial de Naciones Unidas es esta materia: "El derecho humano a una vivienda adecuada es el derecho de toda mujer, hombre, joven y niño a tener y mantener un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y con dignidad".

Si bien la adecuación viene determinada por factores sociales, económicos, culturales, climáticos, ecológicos y de otra índole, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su cuarta observación general, considera que hay una serie de elementos fundamentales en el Derecho que deben tenerse en cuenta en cualquier contexto concreto. Entre los factores destacan los siguientes: a) seguridad jurídica en la tenencia; b) disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; c) gastos soportables; habitabilidad; d) accesibilidad; e) ubicación; y, f) adecuación cultural.

Algunos de estos factores están fuertemente relacionados con el concepto de pobreza energética, en particular los puntos B, C y D. Se entiende que una vivienda no es adecuada si sus ocupantes no tienen acceso a agua potable, instalaciones sanitarias y de aseo, energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, etc. Asimismo, se entiende que los gastos personales o del hogar relacionados con la vivienda no deben comprometer el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Y, finalmente, la vivienda no es adecuada si no garantiza elementos como seguridad física, espacio suficiente, protección del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud.

Los gastos relacionados con la vivienda no deben comprometer el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas

En un contexto de desarrollo, la pobreza energética es un primer indicador de la privación que sufre un hogar en términos económicos para vivir con dignidad. Es un fenómeno aparentemente invisible debido a su carácter doméstico y oculto ante otras formas de exclusión social y pobreza más extremas. No obstante, según el Comité Económico y Social Europeo, afecta a 54 millones de personas en la Unión Europea y, en España, el riesgo de padecer este tipo de pobreza ha aumentado en los últimos dos años, afectando aproximadamente a siete millones de personas en 2012.

Vivir en situación de pobreza energética puede suponer un grave riesgo para la salud de las personas. Según el estudio titulado Los impactos sobre la salud de los hogares fríos y la pobreza energética, elaborado por The Marmot Review Team (2011), entre los principales riesgos, los autores señalan:

– Insuficiencias respiratorias, complicaciones cardíacas y mayor riesgo de sufrir problemas mentales.

– Los niños pueden tener dificultades para ganar peso en los primeros años de vida y tienen más posibilidad de desarrollar asma.

– El 28% de los adolescentes que viven en hogares con temperaturas bajas pueden sufrir problemas mentales, mientras la incidencia para los que viven en una casa con una temperatura adecuada es del 4%.

Tal como ha señalado el Comité Económico y Social de la UE, "la energía es un bien común esencial y debe garantizarse un acceso mínimo para un uso básico, debido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano tener una vida digna". Es preciso, adoptar medidas a corto plazo que garanticen el acceso mínimo a la energía para un uso básico, de aquellos hogares afectados por pobreza energética. Algunos países de nuestro entorno pueden servir de ejemplo, tales como Bélgica, donde se estableció un estatuto de "cliente protegido", que permite a los perceptores de ayudas sociales beneficiarse de tarifas energéticas sociales; o en Francia, donde está prohibido interrumpir por impago el servicio energético durante los meses de noviembre a abril.

La solución pasa por reducir los consumos energéticos auto generando recursos propios con energías renovables

Además, deberían aplicarse medidas a más largo plazo, que abunden en los aspectos señalados en los Objetivos del Milenio (ODM) en materia de medio ambiente, en particular en lo relativo al séptimo objetivo: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. Y que permitan avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda para el Desarrollo Post-2015 que incluyen el aseguramiento de la energía sostenible para todos.

Entre estas medidas cabe señalar la rehabilitación energética de viviendas mediante programas de ayuda que permitan actuar de forma prioritaria hacia las familias más expuestas a la pobreza energética. Son precisamente estos hogares los que utilizan sistemas de calefacción de baja eficiencia energética, con mayor gasto económico.

Asimismo, deberían adoptarse políticas de sustitución de las energías contaminantes por energías renovables que permiten la autogeneración de recursos energéticos propios. Esta idea se enmarca dentro del objetivo de la directiva europea 31/2010 de que todos los edificios, tanto públicos como privados, tengan un consumo de energía casi nulo a partir del 31 de diciembre de 2020 (dos años antes, los públicos).

En esta línea se sitúa el Código Técnico de la Edificación (R. D. 314/2006), que emana de la Ley de Ordenación de la Edificación (38/1999). En ella se establece la obligación de que los edificios recogidos en el DB-HE (Documento Básico Ahorro de Energía), tanto en nueva ejecución como en reforma y/o rehabilitación, hayan de contribuir obligatoriamente con una mejora de la eficiencia energética, una contribución solar mínima de agua caliente sanitaria y una fotovoltaica mínima de energía eléctrica.

La pobreza energética es un primer indicador de la privación que sufre un hogar en términos económicos para vivir con dignidad

La solución a medio y largo plazo de la pobreza energética pasa por reducir de forma significativa los consumos energéticos, vía rehabilitación energética de viviendas y autogeneración de recursos energéticos propios con energías renovables (solar térmica, fotovoltaica y eólica). Fuente: Elaboración propia basado en ITM Power (2012).

Este nuevo enfoque permite dotar de recursos propios a las viviendas minimizando su vulnerabilidad ante cambios imprevistos de los ingresos familiares y ante precios inestables y crecientes de la energía. La vivienda, además de un lugar para vivir, pasa a ser un lugar para generar recursos energéticos. La posibilidad de instalar energías renovables en la vivienda, por su fácil escalabilidad, tiene un aspecto social muy importante. Por un lado, hay que destacar su papel facilitador en el aseguramiento del derecho humano a una vivienda adecuada y, por otro lado, permite una mayor democratización de la gestión energética, aumentando el empoderamiento del ciudadano y de las comunidades generando confianza en sus propias capacidades.

Hoy en día es técnicamente posible y económicamente viable la instalación de energías renovables en la vivienda que reduzcan la dependencia energética y garanticen el acceso a la misma a todas las personas. Es una cuestión de política pública nacional. Tal como se establece en el Programa Hábitat "los gobiernos deben adoptar medidas apropiadas a fin de promover, proteger y velar por el logro pleno y gradual del derecho a una vivienda adecuada".

Melchor Gómez Pérez es Doctor en Ingeniería por la Universidad de La Rioja y miembro del PDI de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) como Profesor Titular de Ingeniería Eléctrica.

Esther Raya Díez es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, Licenciada en Trabajo Social y Máster en Gestión de Servicios Sociales. Actualmente, es Profesora Titular de Trabajo Social y Servicios Sociales y directora de Estudios en Trabajo Social de la Universidad de La Rioja.