Irse por las ramas

Una plaga de ramas caídas azota las calles de Madrid y otras ciudades españolas. Como en las añejas narraciones fantásticas en las que la flora se rebela contra la humanidad, en Vallecas, Fuencarral, Villaverde, Retiro y Arganzuela, los árboles se desploman sin previo aviso; en el parque del Retiro, un hombre que paseaba con su hijo murió aplastado por una rama de 300 kilos. Una tragedia, que en cualquier ciudad bien gobernada hubiera merecido una relación pública bien fundada de causas y remedios, en Madrid se resuelve con un par de excusas pueriles o contradictorias. La alcaldesa Ana Botella dice muy seria que la caída de ramas es normal (normal es que se caiga la fruta madura, no las ramas de los plátanos o de los tilos) y, quizá en la misma frase, lo achaca a “la climatología”. Tiene mérito el análisis de la regidora municipal, porque a nadie se le hubiera ocurrido que el estudio y la ciencia del clima (eso es exactamente la climatología) tuviesen alguna relación con la debilidad del arbolado. Mucho más lógico parece relacionar la caída masiva de ramas con la aplicación de estrictos programas de recorte del gasto en el cuidado de la floresta y los extravagantes contratos integrales de jardinería.

Pero cuando la oposición ha recordado que un ERE despidió a 1.750 jardineros y cuando los vecinos de las zonas asoladas recuerdan que la poda y tratamiento de los árboles (que debe ser constante) están abandonados, el Gobierno municipal se va por las ramas, niega la evidencia y se escuda en el repetido “no pasa nada” que suele aplicar en cualquier crisis, anomalía, incidente o tragedia. Es el mismo negacionismo con el que, por ejemplo, se afronta la concentración de contaminantes peligrosos en la atmósfera de la capital. Pero sí pasa.

Una ciudad con dos millones de árboles necesita un plan continuo de cuidado y renovación del arbolado; exige una atención periódica a la salud de cada tronco y cada raíz y respetar la distancia de plantado, por citar requisitos que puede aceptar cualquier concejal. En Madrid (y en España en general) parece como si los recortes de gasto y las políticas de austeridad no tuviesen consecuencias (a veces trágicas) y como si los responsables que los deciden no estuviesen obligados a reconocerlos.