Oportunismo político

La fabricación de una ley electoral a medida por el PP en Castilla-La Mancha lanza un mensaje al conjunto de España: ni siquiera la conveniencia de una posible reforma del Estado, que sería una operación necesitada de amplios consensos, hace tentarse la ropa al partido mayoritario a la hora de mover las reglas del juego donde y como le interesa. Las organizaciones populares de otras autonomías flirtean con ideas de reforma electoral unilateral e incluso el PP a escala nacional medita cambios en la forma de elección de los alcaldes a pocos meses de la disputa en las urnas. Pero esto no es un concurso de ocurrencias, ni las cosas deben hacerse según le venga bien al poder.

En el caso de Castilla-La Mancha, se reduce el número de diputados (son 49; iban a ser 53 en la próxima elección, pero se fijan ahora en 33) y queda al albur de la convocatoria la determinación de cuántos le tocan a cada provincia además del mínimo asignado. Así se recorta la proporcionalidad —cuantos menos escaños hay en disputa, más probable es la prima de parlamentarios al vencedor— y se deja abierta la asignación de un escaño de más o de menos a cada provincia, presumiblemente en función de las expectativas del partido en el poder. Las nuevas reglas no garantizan que María Dolores de Cospedal y los suyos ganen el partido cuando salten al terreno de juego en la primavera próxima, y de ahí que sea excesivo calificar lo ocurrido de “pucherazo”, como hacen la oposición de Castilla-La Mancha y el nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez. Pero es indiscutible que estamos ante una maniobra de oportunismo político.

Los argumentos del PP para llevar a cabo esta reforma son otros: la austeridad, la necesidad de reducir el coste del aparato político o el bajo número de tareas que realmente desempeñan muchos parlamentarios autonómicos. Eso es un debate distinto, y desde luego muy pertinente: el sistema institucional español necesita una buena reforma para hacerlo más eficiente, en la cual podría reconsiderarse si tiene sentido mantener el despliegue de poderes autonómicos en sus dimensiones actuales, al igual que el de otras instituciones. Si eso requiere consenso, también lo necesitan las reglas electorales —como se ha hecho desde los tiempos de la Transición—. Democracia no es solo hacerlo mejor, sino hacerlo con un determinado procedimiento, que solo puede alterarse por razones de auténtico peso.