La reforma fiscal de la abundancia

Cualquiera diría que la reforma fiscal presentada recientemente es la de un país que acaba de descubrir importantes reservas de gas natural o lleva años reduciendo su deuda pública hasta niveles embarazosamente bajos. “Si nos sobra el dinero, ¿por qué no devolverlo a los ciudadanos?” sería el lema de esta idílica reforma. Pero desgraciadamente la realidad es muy otra. Llevamos siete años de una crisis que nos ha hecho perder el 7% de nuestro producto, uno de cada cuatro españoles en edad de trabajar está en el paro y la deuda pública, que en 2007 suponía el 36,1% del PIB, este año sobrepasará la cota del 100% y seguirá creciendo. La reforma también dará respuesta a estos problemas, parece decirnos el Gobierno cuando afirma que a raíz de la rebaja fiscal el PIB aumentará un 0,55%. Pero esto lo dice sin alardear, porque naturalmente no está seguro de ello. El énfasis lo pone en los efectos distributivos de la reforma. Hay dinero para todos; la reforma del IRPF reduce la carga impositiva de todos los contribuyentes y hace el sistema más equitativo; habrá una “mayor rebaja para las rentas medias y bajas”. Examinemos pues el efecto de la reforma por niveles de renta y veamos en qué medida estamos o no ante la reforma equitativa que sugiere la información oficial.

No disponemos de los datos necesarios para poder simular de forma exacta los cambios propuestos, pero sí hay información suficiente para dar por lo menos una respuesta aproximada, particularmente si dejamos de lado los cambios específicos y nos concentramos en los generales: los que interesan a la tarifa, a la reducción por obtención de rendimientos del trabajo (RORT) y a las deducciones por mínimo personal y familiar (DPF). Estos son los tres elementos clave del IRPF que determinan las consecuencias de la reforma para la gran mayoría de contribuyentes. Además, aunque no disponemos de datos individuales, sí contamos con una estadística pública proporcionada por la Agencia Tributaria, muy rica en información agregada por tramos de renta y cuyo último ejercicio liquidado es el correspondiente al año 2012.

Hacienda podría haber esperado a tiempos mejores para proponer un recorte de ingresos

Para definir las rentas a las que aplicar la reforma, tomamos las rentas del trabajo y del ahorro de los 10 tramos de renta dados por la Agencia, y de la suma ponderada de ambos conceptos derivamos la renta total de nuestros 10 contribuyentes tipo. Para simplificar, ignoramos los tres tramos por debajo de los 6.000 euros de renta (4,2 millones de contribuyentes, un 22% del total) cuya tributación efectiva, debido al bajo nivel de renta y a la posibilidad de recuperar lo retenido, es prácticamente cero antes y después de la reforma. Esto nos deja con siete contribuyentes tipo que, para facilitar la referencia vamos a llamar A, B, C, D, E, F y G, cuya renta declarada en euros es, respectivamente, 10.057, 16.924, 25.816, 38.749, 74.335, 194.830 y 1.233.772. Cada uno de estos siete tipos representa a un número variable de contribuyentes. A representa a 3,7 millones; B, a 5,1 millones; C, a 3,0 millones; D, a 2,7 millones; E, a 548.823; F, a 60.313, y G, a 4.618 contribuyentes. Los siete tipos también varían en la proporción que las rentas del trabajo y del ahorro guardan entre sí. A, B y C apenas tienen un 4% de rentas del ahorro; D tiene un 5,5%; E, un 10,5%; F, un 27,4%, y G, un 53,0%.

La reforma reduce drásticamente las tarifas aplicables tanto a las rentas del trabajo como a las del ahorro. Definiendo el cambio como el que va de la situación vigente a la propuesta para 2016, en la tarifa del trabajo, los tipos marginales mínimos bajan del 24,75% al 19%, y los máximos del 54% al 45%. En la tarifa del ahorro, los mínimos bajan del 21% al 19% y los máximos del 27% al 23%.

El segundo cambio en importancia es el de las DPF. El mínimo personal aumenta un 8,6%, la deducción por hijos un 20,7%, por ascendientes, un 25% y por discapacitados, un 27,6%. El efecto real, sin embargo, es menor debido a que estas deducciones se valoran a la nueva tarifa y esta es inferior a la antigua. En promedio, el aumento de las DPF es un 11,5%.

El tercer y último cambio es el de la RORT. La nueva fórmula aumenta la reducción de A en un 14%, pero elimina la vigente reducción de 2.652 euros para los seis tipos restantes. Como compensación, la propuesta introduce un nuevo gasto deducible de 2.000 euros por otros conceptos, que se ven incrementados por traslado y por discapacidad, pero no, como ocurre ahora, por prolongación de la actividad laboral después de los 65 años. En su conjunto esto supone que la reducción efectiva de rentas aumenta un 83% para el tipo A, y disminuye un 19,8% para los demás tipos.

De resultas de la reforma todos los contribuyentes pagan menos impuestos. Ahí tiene razón el Gobierno, pero la rebaja no se produce de manera uniforme. Por orden ascendente de renta y como porcentaje de lo que pagan ahora, la rebaja de impuestos de nuestros siete tipos es la siguiente. A: 100; B: 20,9; C: 12,9; D: 8,4; E: 9,6; F: 9,5, y G: 14,5. Hasta el tipo D la rebaja es menor a medida que la renta crece. Sin embargo, a partir de ese nivel la rebaja crece, primero moderadamente para los tipos E y F, y luego con fuerza para el tipo G. Es decir, a partir del tipo D la rebaja es mayor a medida que la renta crece.

El dinero que deje de pagar el contribuyente no irá al consumo y restará ahorro público

La anterior es la forma en que el Gobierno mide el efecto de la reforma, que equivale a averiguar cómo varían los impuestos pagados. Esto explica la exagerada rebaja del 100% del tipo A. Este contribuyente pagaba 65 euros antes de la reforma y pagará 0 euros después de la misma, pero ello no quiere decir que su situación económica haya mejorado casi cinco veces más que la del tipo B. Otra forma de medir el efecto de la reforma, más adecuada para hacer comparaciones entre contribuyentes, es en términos del efecto de la misma sobre la renta disponible (es decir, sobre la renta que queda en nuestros bolsillos después de pagar impuestos). ¿En qué medida aumenta la renta disponible de nuestros siete tipos a raíz de la reforma del IRPF? La respuesta, en términos porcentuales, es la siguiente. A: 0,6; B: 2,5; C: 2,6; D: 2,2; E: 4,1; F: 5,3, y G: 8,8.

Dejando de lado al tipo A, la única coincidencia entre estas dos formas de medir los efectos de la reforma está en que el tipo D es el que sale relativamente peor librado. Los demás resultados son todos distintos. En particular, ¿es cierto que el mayor beneficio de la reforma lo recibirán las “rentas medias y bajas”? Medido este beneficio en términos de renta disponible, la respuesta es no. El mayor aumento en renta disponible lo consigue el tipo G, el más rico; y el siguiente, el tipo F, el segundo más rico; y el siguiente, el tipo E, el tercero más rico. A raíz de la reforma, los mayores aumentos de renta disponible los conseguirán los 613.754 contribuyentes con rentas superiores a 60.000 al año. Y los menores aumentos los conseguirán los 10.812.278 contribuyentes con rentas anuales de 12.000 a 60.000 euros, representados por los tipos B, C y D. El tipo A prácticamente no ve mejorada su renta disponible; forma parte en realidad del grupo de 7.953.452 contribuyentes, con rentas anuales inferiores a 12.000 euros, a los que la reforma no les afecta.

La reforma, que según el Gobierno cuesta 9.000 millones de euros, es imprudente desde el punto de vista presupuestario y muy discutible desde el punto de vista de la equidad. Es una reforma dominada por la enorme rebaja de la tarifa. No hace falta una simulación para saber que una reducción de 9 puntos en el marginal máximo, a partir de la relativamente modesta cifra de 60.000 euros (ahora está en 300.000 euros), tiene por fuerza que beneficiar de forma notable a los contribuyentes más ricos. El Gobierno podría haber esperado a tiempos mejores para proponer esta medida. Los 67.465 euros que en promedio dejarán de pagar en impuestos los 4.618 contribuyentes que tienen rentas anuales superiores a 600.000 euros no irán al consumo y sí en cambio detraerán del ahorro de un sector público que en estos momentos se encuentra en una situación particularmente precaria.

Antoni Zabalza fue secretario de Estado de Hacienda, entre 1991 y 1993, con el Gobierno de Felipe González.