Rectificación oportuna

Después de haber sido acusado de abusar de la prerrogativa de gracia que la legislación le concede, el Gobierno decidió ayer, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, denegar siete de los indultos que tenía pendientes de resolución, todos ellos susceptibles de generar polémica en caso de haber sido concedidos. Cabe pues interpretar este gesto como un cambio de orientación en la política de indultos, al que sin duda no es ajeno el creciente malestar social ante unas medidas que, cuando benefician a personalidades vinculadas al poder, son percibidas como especialmente injustas y arbitrarias.

Entre los afectados se encuentra Jaume Matas, expresidente de Baleares, por lo que será la primera vez que un exministro del PP entra en prisión. Matas deberá cumplir los nueve meses de cárcel a los que fue condenado después de que la Audiencia de Palma decidiera no aplicar el criterio habitual de que los condenados a penas de menos de dos años no ingresen en prisión. El tribunal alegó la gravedad de los delitos y el hecho de que hubieran sido cometidos desde las estructuras del poder para justificar su decisión.

Además, se ha desestimado el indulto a otras tres personas condenadas por corrupción: el periodista Antonio Alemany (colaborador de Matas), el dirigente de Unió Democrática Lluís Gavaldà y el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz. También se ha denegado al dirigente del PP Ángel Carromero y al torero José Ortega Cano, condenados por imprudencias en la conducción que causaron la muerte de otras personas, y al juez Baltasar Garzón, condenado por prevaricación y que no podrá volver a la carrera judicial.

Contrariamente a lo que había ocurrido en numerosos y polémicos casos anteriores, el Gobierno ha seguido esta vez las recomendaciones de la Fiscalía y de los tribunales sentenciadores, que habían informado negativamente la concesión del indulto. Pero el malestar generado por los abusos del pasado obligan a ir más allá y promover una reforma de la ley, cuya estructura básica data de 1870. Así lo han pedido numerosos juristas y también los jueces decanos, en nombre de los 1.500 juzgados que representan. Entre las propuestas de los decanos figura la de limitar la posibilidad de suspender el ingreso en prisión cuando se solicita un indulto en el caso de condenados por corrupción.

El indulto es una figura que todas las legislaciones contemplan como una medida excepcional para casos muy justificados. En España se ha conculcado el espíritu de la ley tanto cualitativamente —concedido medidas difícilmente justificables, como el doble perdón a cuatro mossos d’esquadra condenados por torturas— como cuantitativamente: 501 indultos en 2012 y 190 en 2013. La modificación legal debería garantizar que la prerrogativa de gracia no se convierta en una potestad arbitraria a la que el poder Ejecutivo recurre profusamente según su conveniencia y sin necesidad de justificación, como ha ocurrido en tantas ocasiones hasta ahora.