Sobre Sicavs y eurodiputados

Desde la Eurocámara y desde otras fuentes se nos intenta convencer de la licitud del Fondo de Pensiones de los miembros del Parlamento Europeo vinculado a una Sicav con sede en Luxemburgo, al cual se adhirieron un amplio grupo de parlamentarios. Queda meridianamente claro que se recurrió a este sistema de ingeniería fiscal con el único fin de eludir impuestos; no olvidemos que las Sicavs tributan al 0,01% en Luxemburgo.

Aún menos lícito me parece que fuera cofinanciado por la Unión Europea en dos tercios con un total de cien millones de euros procedentes de fondos comunitarios, es decir, del dinero de los ciudadanos. Como poco es de reprochable moralidad, y escandalosamente hiriente para la inmensa mayoría con la que nos está cayendo. Willy Meyer, de IU, es de momento el único eurodiputado español que ha tomado medidas al conocerse el escándalo y ha presentado su dimisión al cargo; los 38 restantes, o bien defienden la legalidad del Fondo o bien manifiestan desconocer su origen. Vamos, que la impresión es que aquí no va a pasar nada y que todo va a quedar en agua de borrajas, como casi siempre.

Quizás es que los diputados europeos, no teniendo suficiente con el sueldo fijo más dietas que tienen asignados —que multiplican por diez el salario medio de cualquier ciudadano de a pie— y la pensión que percibirán en su momento, han de recurrir a un plan privado sufragado en buena parte con dinero público para gozar de una mejor jubilación, mientras que el resto de los mortales nos las vemos y deseamos para cotizar a la Seguridad Social y obtener en el futuro una pensión mínimamente decente.— José Manuel Fernández-Arroyo Castellano.