Decisión razonable

La modificación aprobada ayer en el Congreso de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ha generado una gran confusión. Se trata de incluir con carácter general, entre las personas aforadas, al Rey que ha abdicado, así como a su esposa, a la Reina consorte (o, en su caso, el consorte de la Reina) y a los príncipes de Asturias. En la actualidad, esta modificación afecta a don Juan Carlos, a doña Sofía, a la reina Leticia y a la princesa Leonor. Las razones de la confusión han sido tanto el concepto de aforado como el fondo y la forma de la medida.

El aforamiento es una prerrogativa procesal —no un privilegio— según la cual determinadas personas, por la función o el cargo que desempeñan, deben ser inculpadas, procesadas y enjuiciadas por órganos jurisdiccionales de rango superior al que les corresponderían como simples ciudadanos. La prerrogativa del aforamiento es discutible, más todavía el desmesurado número de aforados que hay en España. Ahora bien, los aforados son procesados y juzgados según las mismas leyes que los demás y, por supuesto, pueden ser inculpados y condenados. Aforamiento no es inmunidad ni inviolabilidad. Simplemente, el juez establecido para los aforados no es el mismo que la ley predetermina para el resto de ciudadanos: es una excepción al juez competente, no a las leyes sustantivas aplicables.

Dando esto por sentado, en segundo lugar, la cuestión de fondo ofrece pocas dudas: debido a las funciones que desempeñan o han desempeñado, es perfectamente razonable que las personas afectadas estén aforadas; desde luego, mucho más razonable que la mayoría de los cerca de 10.000 aforados que hay en España. En cambio, en tercer lugar, el procedimiento parlamentario escogido —en aras de la rapidez— es discutible aunque se haya utilizado en otras ocasiones.

Por eso sorprende la abstención del grupo socialista en la votación final. Estando de acuerdo en la cuestión de fondo —la necesidad del aforamiento—, no es muy comprensible que un partido con aspiraciones y probabilidades de gobernar alegue cuestiones de forma para situarse en una especie de limbo político en el que ni muestra firmeza republicana ni lealtad a una de las piezas clave del pacto constitucional sino más bien desorientación respecto de sus propias posiciones y acomplejamiento ante otros partidos situados a su izquierda que se definen como republicanos.