El derecho de asilo en España, a examen

AUTOR INVITADO: DANIEL AMOEDO BARREIRO

El reciente “tirón de orejas” que acaba de recibir España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo debido a la vulneración del derecho a un recurso efectivo de 30 saharauis solicitantes de asilo pone de relieve el estado calamitoso de las políticas de asilo y refugio en nuestro país.

El sistema legal de asilo actualmente vigente desde siempre funcionó de manera limitada, muy por detrás del resto de sistemas europeos que aceptan una cantidad mayor de solicitudes y cuentan con un índice de reconocimiento del estatuto de refugiado muy por encima del que confiere España a los solicitantes que se aproximan a sus fronteras. Así, según datos del informe anual 2013 de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), mientras Suiza y Finlandia tuvieron un índice de reconocimiento de la condición de refugiados de un 72% y 67% respectivamente, España apenas alcanzó el 10%.

La llamada de atención proferida por Estrasburgo permite entrever solo algunos de los inconvenientes a la hora de proceder a la aplicación práctica de la legislación que regula el derecho de asilo en España.

En España, incluso el acceso al procedimiento -la obtención de la condición formal de solicitante- es un auténtico reto. En primer lugar, es necesario sortear una serie de obstáculos e impedimentos que comienzan con las políticas de externalización y militarización de las fronteras, logrando detener a cualquier persona que intente llegar a Europa independientemente de que sea alguien que huye de un conflicto armado o de cualquier otra situación que ponga en riesgo su vida. Posteriormente esta persona deberá hacer frente a un sistema legal complejo del cual poca o nula información se facilita –intencionadamente- y que utiliza la denegación sistemática de solicitudes como mecanismo para impedir la concesión del estatuto de asilo.

A lo intrincado del sistema legal vigente se añade además la devoluciones “en caliente” como las llevadas a cabo recientemente por la Guardia Civil en Ceuta y Melilla, que suponen una violación del principio de derecho internacional de non-refoulement (derecho a la no devolución), contemplado por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, según la cual un Estado no“podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”. Esta práctica se realiza de manera habitual en nuestras fronteras, dejando a merced de sus perseguidores a las personas que buscan refugio.

En realidad, la reciente reprimenda por parte del Tribunal Europeo a España no hace más que recordarnos algo que ya todos sabíamos: que el derecho de asilo y refugio está en horas bajas. Otrora ejemplo de confraternización entre los más diversos pueblos que integran este mundo, en la actualidad este derecho humano se enfrenta a un vilipendio constante proveniente de distintos frentes. Además de los ya mencionados, el que está haciendo también mucho daño en la actualidad es el discursivo, referente a la crisis económica, que provoca mirar con malos ojos a toda persona migrante que pretenda cruzar la frontera hacia Europa. La opinión pública bebe de las grandes falacias, como la que asegura que “los inmigrantes nos quitan nuestros trabajos”, nutridas por el desconocimiento y las certezas retrógradas, y alimentadas fuertemente desde ciertos medios de comunicación cuya intención es implantar en la sociedad una idea xenófoba acerca de la inmigración, sea esta legal o ilegal.

En la misma idea que criminaliza a la inmigración se incluye también a los solicitantes de asilo aunque provengan de lugares de difícil supervivencia o en constante conflicto. Ellos cuentan con un temor fundado de ser perseguidos por motivos de su raza, nacionalidad, religión, ideas políticas o pertenencia a determinados grupos sociales y precisen salir de sus países de origen por necesidad de proteger su vida, en búsqueda de un ámbito libre y propicio en el que poder desarrollarse como personas.

Interesa, sin embargo, tanto desde parte del discurso mediático como del oficialista, no realizar distinción alguna entre inmigrantes y solicitantes de asilo, ya que ello obligaría a España a destinar recursos para brindar a estos últimos asistencia y protección en cumplimiento de los convenios internacionales que le obligan a ello. Unos recursos que se utilizan en cambio para blindar fronteras, afilar cuchillas, o extender muros.

Daniel Amoedo Barreiro es abogado especializado en la defensa de los Derechos Humanos