Proteccion social para evitar la pobreza

Esta entrada ha sido escrita desde Mozambique porRubén Villanueva.

Foto: DFID.

Celia Orboc, una vendedora de pasteles en las Filipinas, gastó su pequeña pensión en construir una cabaña de madera, pudiendo ofrecer por primera vez a sus cinco hijos la posibilidad de un techo. En Kirguistán, Sharmant Oktomanova gastó la suya comprando harina para alimentar a sus seis hijos.

Leía hace poco en algún sitio que, tras una presentación, el 63% de los asistentes suelen recordar las historias presentadas mientras que tan sólo un 5% consigue recordar las estadísticas. Así es que, ya con Celia y Sharmant en mente, pasemos a lo efímero de los datos estadísticos.

Tal y como afirmaba The Economist, los llamados programas de transferencias monetarias condicionadas(un subsidio a cambio de condiciones, como vacunar o escolarizar a un hijo) constituyen la nueva herramienta antipobreza favorita a nivel mundial. En América Latina por ejemplo, cubren ya al 21% de la población de la región —unos 127 millones de personas. Y es que las redes de protección social —programas diseñados para proteger a los más pobres y vulnerables de los shocks y ayudarlos a salir de la pobreza crónica— son elementos importantes para la estrategia de crecimiento y reducción de la pobreza de cualquier país.

A pesar de ello, y aunque exista hoy un consenso generalizado para la adopción de medidas más ambiciosas en la lucha contra la pobreza, la protección social está ausente de los Objetivos del Milenio. Es por esa razón que, recientemente, ha ganado mayor importancia en el debate sobre la Agenda Post-2015.

La innegable necesidad de estos programas en todo el mundo, especialmente en tiempos de crisis, ha sido subestimada durante la última década. Siendo particularmente evidente tras la última triple ola de crisis alimentaria, de combustible y financiera que acabó por empujar a 65 millones de personas hacia la pobreza extrema y que aun continúa amenazando a muchas más.

Frente a este contexto internacional, estamos asistiendo a un aumento importante de la inversión en la construcción de —nuevos— sistemas de protección social, particularmente en los países en desarrollo. Con una inversión de 14,6 billones de dólares desde el año 2001, el Banco Mundial ha apoyado la creación de nuevas redes de protección social no contributivas —las denominadas Safety Nets— en 107 países, desde transferencias monetarias hasta programas de trabajos públicos y de alimentación escolar.

Mientras que entre 1998 y 2008 su media anual de inversión en estas redes no contributivas fue de 439,72 millones de dólares, entre 2009 y 2011 la institución de Bretton Woods llegó hasta los 3.052 millones de dólares anuales de media. De la misma manera, la cantidad correspondiente a inversión del Banco en protección social supuso el 50% del valor total de los créditos concedidos entre 2009 y 2010. La institución dobló el tamaño de su cartera en este sector, pasando del 3% al 6% de los prestamos.

Pero no sólo nuevos sistemas han sido creados, sino que también los programas existentes están siendo expandidos para beneficiar mejor a los más pobres y vulnerables. El panorama para el futuro apunta a un renovado énfasis tanto en la creación de oportunidades de empleo como en el debate entre cobertura universal —basada en el contrato social y enfoque de derechos— y selectiva —asociada a un enfoque neoliberal y de racionalización de recursos-. En esa debate podemos jugarnos el bienestar de millones de personas en los próximos años.