Sobriedad y compromiso

La abdicación del rey don Juan Carlos ha sido una apuesta deliberada por una renovación que impulse las reformas necesarias en España. Es un broche de alto nivel para un reinado de valoración muy positiva —con algún claroscuro en sus últimos años— que ayuda a preservar el legado de don Juan Carlos y a proyectarlo hacia el futuro. Lo mismo que ese acto encierra un gran valor, hay que ser conscientes de que también lo tendrán los primeros pasos de don Felipe, empezando por su proclamación como Rey, que ha de responder a las expectativas generadas en la sociedad.

Ésta es la primera sucesión en la Corona realizada bajo la Constitución de 1978 y debe hacerse con la máxima normalidad. El contexto de crisis institucional y de desgaste político acentúa la necesidad de cuidar la sobriedad: actos sencillos, sin pesados ceremoniales ni exhibición de símbolos religiosos o militares, en concordancia con una sociedad moderna. Y también debe distinguirse por la altura de miras en las palabras que deban pronunciarse, el compromiso con los derechos constitucionales y el reconocimiento expreso de la soberanía del pueblo como fuente de toda legitimidad.

Aunque es lamentable que no se haya regulado el procedimiento concreto de sucesión en casi 36 años de vigencia de la Constitución, no conviene magnificar la importancia de esa laguna legal. El Parlamento puede colmar con rapidez las brechas existentes en el recorrido formal de la abdicación. El escueto proyecto de ley de sucesión elaborado por el Gobierno, una vez aprobado por las Cortes y promulgado por don Juan Carlos, debe ser suficiente para dar fuerza jurídica a su voluntad de abdicar y abrir paso a la proclamación del sucesor.

Está asegurado el respaldo de una amplísima mayoría parlamentaria al proyecto de ley y solo resta conocer la amplitud del debate al que dará origen su trámite. Algunos grupos minoritarios van a plantear la cuestión de Monarquía o República y, si bien sería absurdo cercenar un diálogo razonable, tampoco hay que dejarse engañar por la creencia de que la iniciativa legal aludida representa la confirmación o el replanteamiento de la forma del Estado. Se trata solo de un proyecto de ley de abdicación del Rey bajo una Constitución que establece la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado.

Más allá de los trámites sucesorios, lo que importa es que los políticos tomen iniciativas para renovar un sistema capaz de responder a las demandas de la sociedad o, dicho en otras palabras, sobre la necesidad de actuar para conservar algo tan valioso como la estabilidad. Un Rey bien preparado, y de edad cercana a la media de los españoles, está en las mejores condiciones para arbitrar y moderar ese proceso. Pero el poder político reside en el Gobierno y en el Parlamento, y son ellos los que deben extraer consecuencias del mensaje reformista sugerido desde la Jefatura del Estado.