Aislar a los violentos

Los grupos dedicados a la violencia urbana consiguen reventar pocas veces la tranquilidad ciudadana. De los 25.461 actos de protesta y manifestaciones celebradas el año pasado, hubo intervención policial en el 0,1%. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que ha facilitado esos datos al Congreso, tiene razón cuando afirma que la inmensa mayoría de las manifestaciones discurren pacíficamente. Lo que no se entiende, visto ese diagnóstico, es el clima de alarma preventiva creado contra un supuesto exceso de protestas callejeras, ni el endurecimiento de medidas legales destinadas a incrementar el arsenal de sanciones a disposición del poder gubernativo.

Un desastre como el que se produjo el 22 de marzo en Madrid, cuando 101 personas resultaron heridas tras la celebración de una marcha por la dignidad, lleva a cuestionarse la estrategia de seguridad ciudadana. La primera y más obvia razón de lo ocurrido fue la violencia ejercida por unos cientos de radicales organizados con tácticas de guerrilla urbana. Pero el director de la Policía reconoce también “fallos de coordinación, comunicación y ejecución” en el dispositivo policial montado, que se saldó con 67 policías heridos, gran parte de ellos al quedar aislados frente al ataque de los radicales y no ser auxiliados por sus compañeros, pese a la dimensión del dispositivo planteado: 1.700 policías, que, sin llegar a los 8.000 para proteger una reunión del BCE en Barcelona en 2012, constituye uno de los mayores despliegues de seguridad en los últimos años.

Lo sucedido se salda con el anuncio de una reorganización de la policía antidisturbios y la destitución de un mando intermedio, el jefe de la primera Unidad de Intervención Policial de Madrid (UIP), medida juzgada insuficiente por la oposición y varios sindicatos policiales.

Más allá de ese debate, los incidentes del 22 de marzo llevan a preguntarse por el estado de la prevención e información previas sobre grupos radicales muy pequeños, pero que ejercen una violencia en grado hasta ahora desconocido, de cuya existencia sabe y advierte el Ministerio del Interior. El control y aislamiento de los guerrilleros urbanos interesa no solo al Gobierno, sino a los colectivos de ciudadanos que tienen todo el derecho a manifestarse pacíficamente y a rechazar de plano una violencia que les pone en peligro a ellos mismos.