Primero las personas, luego las fronteras

Vídeo sobre la campaña S.O.S. Europa

POR ÁNGEL GONZALO

Desde 1988, y según las cuentas de los medios de comunicación, 18.000 hombres, mujeres y menores han muerto intentando alcanzar las puertas de Europa. En otoño pasado, el mundo se estremecía al ver naufragar frente a las costas de la isla de Lampedusa, en Italia, a 500 inmigrantes subsaharianos. Hace menos de un mes, todavía más cerca de nosotros, 15 inmigrantes se ahogaban frente a la costa española de Ceuta.

Es duro, pero algunas de estas muertes podrían haberse evitado. El deseo de algunos gobiernos europeos de luchar contra la "inmigración irregular" a veces es más fuerte que la obligación de garantizar un rescate seguro. No son pocos los casos de personas en situación desesperada que se han quedado en el mar durante días, pidiendo auxilio, mientras que las autoridades discutían qué hacer con ellas o hacia dónde dirigir sus frágiles embarcaciones. En algunos de esos casos, las personas murieron a bordo de las pateras, mientras que los gritos de socorro que lanzaron se perdían en un absurdo mar de indiferencia. "Después de que el barco se hundiera, no pude encontrar a mi hermano ni a mi padre. Pude ver a mi primo, pero cada vez que me acercaba, una ola llegaba y nos alejaba cada vez más”, decía un joven inmigrante entrevistado en Lampedusa.

Las políticas migratorias están mucho más centradas en proteger las fronteras que en socorrer a quienes precisan ayuda. ¿Es eso posible? Sin duda. Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) interceptan las embarcaciones en el mar, externalizan el control de la inmigración mediante acuerdos poco transparentes con gobiernos con serios historiales de derechos humanos, detienen de manera indiscriminada a inmigrantes en centros de ínfima calidad y llevan a cabo "expulsiones en caliente" que violan la normativa internacional. Han convertido en gendarmes de sus fronteras a terceros países, aun sabiendo el trato que las personas migrantes y refugiadas reciben en ellos. "A nadie le importa si un africano muere aquí", decía Obiezi, nigeriano de 24 años, retenido en un centro de Gharyan, a unos 80 kilómetros al sur de Trípoli, en Libia, hacinado con muchos otros, sin mantas, colchonetas, apenas comida, sin asistencia médica y custodiados en casas prefabricadas de metal. Un guardia le disparó en la cadera porque no atendía sus órdenes demasiado rápido. "Pusieron sus manos en partes que un hombre no debe tocar. No debería haber guardias varones. Me obligaron a quitarme el sujetador..." dijo una chica de 16 años, chadiana, que fue desnudada nada más llegar al mismo centro de detención en Libia.

Activistas en un barco frente a la isla de Lesbos en Grecia en julio de 2013./AI.

A quienes arriesgan su vida en una patera o se encaraman a una valla les empujan múltiples motivos. Algunos huyen de su país para escapar de la persecución o de la guerra y tienen derecho a solicitar asilo en Europa y a ser reconocidos como refugiados. Desde 2011 son muchas las personas que han huido del conflicto de Libia, Túnez o actualmente Siria. A finales de 2013, de los casi dos millones y medio de refugiados sirios contabilizados por ACNUR, solo 55.000 habían conseguido llegar a la Unión Europea y solicitar asilo. Se trata de un número ridículo y más sabiendo que los Estados miembros solo han ofrecido 12.000 plazas para reasentamiento o admisión por motivos humanitarios. En el caso de España, se ha comprometido a reasentar a 100 personas en 2014, que se unen a las 30 de 2013. Un hombre sirio declaró en el centro de Vía Aldini en Lampedusa "Nuestras familias piensan que en Europa nos van a ayudar. No entienden cuando les explico lo que hay aquí. Ahora me doy cuenta de que no puedo sacarlos de Siria. Fue un error venir".

Otros son inmigrantes económicos que quieren dejar atrás la pobreza y el desempleo crónicos y buscan un futuro mejor para ellos y sus familias. Una razón lógica con la que no parece difícil identificarse y menos en un país como España, con una crisis económica acuciante que obliga a muchas personas a buscar una vida mejor en otro lugar.

El coste humano de las políticas y prácticas de control de la inmigración en Europa es más alto que las vallas de Ceuta y Melilla. Hoy en día, la falta de transparencia en torno a la gestión de las fronteras es un ataque directo a los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Sin transparencia las fronteras se convierten en espacios de impunidad, en limbos jurídicos, donde las violaciones de derechos humanos no son investigadas ni sus responsables procesados.

Por si fuera poco, las medidas de control de fronteras han resultado ineficaces. Han hecho muy poco para disuadir de su idea de llegar a Europa a quienes lo intentaban. Al fin y al cabo, migrar es una búsqueda de dignidad y no hay medidas que puedan disuadir a las personas para que renuncien a su derecho a buscar asilo o a su aspiración de una vida mejor. Al contrario, estas medidas obligan a muchas personas a asumir más riesgos, a cortarse las manos y los brazos con concertinas o a tomar rutas aún más peligrosas.

Tumbas en un cementerio de Lampedusa (Italia). Octubre de 2011. / Xander Stockmans

Los próximos meses son decisivos porque la Unión Europea va a definir el futuro de la política de inmigracion y asilo, empezando por este mismo jueves 20 de marzo. Los líderes europeos se reúnen en Bruselas para preparar una Cumbre sobre África. Es una buena oportunidad para decirle a la UE y a los Estados miembros que deben hacer más para evitar la pérdida de vidas. En lugar de concentrar los recursos en el cierre de fronteras, deben aumentar las operaciones de búsqueda y rescate, generar rutas seguras y legales para los refugiados y acabar con la colaboración para el control migratorio con países que violan los derechos humanos.

En definitiva, si no cambia el enfoque y los derechos humanos se sitúan en el centro de esta política, seguiremos siendo testigos de tragedias tan dolorosas como las de Ceuta o Lampedusa, y los medios de comunicación y las ONG seguirán contabilizando cuerpos sin vida. Quizás a final de año sumen ya 20.000.

Ángel Gonzalo es periodista de Amnistía Internacional. Participó en las investigaciones de la organización en Ceuta, Melilla, costa andaluza y Marruecos, y visitó los centros de internamiento en Canarias. Coordina la comunicación de la campaña S.O.S.Europa en España, que pide a los gobiernos que protejan a las personas antes que las fronteras.