Espiar a la senadora

Las filtraciones de Wikileaks mostraron que los secretos mejor guardados pueden ser divulgados gracias a las tecnologías de la información. El caso Snowden demostró más tarde que esas mismas tecnologías permiten el espionaje masivo de ciudadanos y organismos. Ahora, la denuncia pública de una senadora muy respetada en Estados Unidos, la demócrata Dianne Feinstein, ha revelado que ni los ordenadores de la Comisión de Inteligencia del Senado son ya seguros.

Feinstein ha denunciado que agentes de la CIA se infiltraron en los ordenadores de la comisión que ella preside para espiar su contenido y hasta se permitieron eliminar algunos documentos comprometedores. La citada comisión investigaba desde 2009 el programa secreto de interrogatorios a sospechosos de terrorismo que la CIA comenzó a aplicar bajo el mandato de George W. Bush. La existencia de estos interrogatorios y sus métodos proyectó grandes sombras sobre las actividades de la agencia y Barack Obama ordenó en 2009 suspender el programa. Pero sus consecuencias aún colean. La investigación del Senado encontró que los métodos aplicados entraban en lo que podía definirse como torturas e iban mucho más allá, según Feinstein, de lo que la agencia había declarado.

Aunque el actual director de la CIA, John Brennan, ha negado las acusaciones, la denuncia de Feinstein ha puesto al presidente Obama en un aprieto. El problema para la CIA es que, como señalaba The New York Times en su editorial, la senadora aporta “pruebas convincentes” y que las acusaciones proceden además de una persona que se ha destacado por ser una firme defensora de la agencia y haber apoyado incluso, después del 11-S, la ampliación de sus competencias.

La denunciante goza, pues, de un plus de credibilidad que coloca al Gobierno en una situación incómoda. El informe sobre el programa antiterrorista, de más de 6.000 folios, se terminó en 2012, pero no se ha hecho público. El presidente tenía la potestad de guardarlo en un cajón, pero tras el rifirrafe entre la senadora y la CIA, le será más difícil evitar una divulgación que ahora reclaman la prensa y diversas entidades de derechos humanos. Una nueva borrasca se cierne sobre la Casa Blanca.