Una reforma fiscal sin dientes

Esta entrada ha sido escrita porSusana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal en Oxfam Intermón.

Fotografía de Carlos Spottorno para su serieParaísos fiscales.

Durante las últimas semanas hemos recibido un bombardeo incesante de mensajes desde los distintos ámbitos de Gobierno, apuntando algunas líneas de la nueva reforma fiscal que se espera esté aprobada este año. Sobredosis informativa después de meses de hermetismo, amparado en el trabajo del grupo de expertos al que se le ha encargado el borrador de la reforma y al que ahora parece que se ningunea (Rajoy ya ha anunciado que entrarán en vigor algunas medidas antes incluso de que llegue a sus manos el informe de los expertos).

Lo que nos han venido anunciando es lo que Rajoy ha repetido en el Debate sobre el Estado de la Nación: la reforma fiscal favorecerá la competitividad, la internacionalización y el desarrollo económico, además de estimular la creación de empleo. Ah, y también será equitativa y garantizará el desarrollo social protegiendo a las familias y dependientes.

¿Por qué es necesario poner patas arriba así el sistema tributario español?

Seamos claros, lo que ha impulsado este afán reformador ha sido ante todo el desequilibrio presupuestario que arrastramos desde el principio de la crisis. Cierto, en España se recauda poco, sobre todo comparado con los países de nuestro entorno. Nuestra presión fiscal se encuentra casi 8 puntos por debajo del promedio europeo y la caída en recaudación tributaria ha sido mucho más profunda. Sin embargo, la realidad es que los tipos impositivos en España son relativamente altos comparados con los europeos.

Lo que esta aparente contradicción esconde es un mar de privilegios, de tratamientos diferenciados, de exenciones discrecionales, de soluciones a medida de unos pocos. Entre SICAV, ETVE y subvenciones diseñadas a la medida, nuestro sistema tributario se ha ido parcheando a base de tratamientos específicos que no generan valor real. Y cuando las familias han visto aumentar su esfuerzo fiscal a golpe de subidas en el impuesto al consumo entre otros, mientras se les han cortado buena parte de las ayudas (lo cual implica que a final de mes el dinero disponible en el hogar sea mucho menos que antes de la crisis), las grandes empresas siguen creando estructuras en paraísos fiscales que, junto con otras acrobacias contables, hacen que el tipo efectivo del impuesto de sociedades sea menos de la mitad de lo que debería.

Lo más abrumador es que tenemos una de las tasas de evasión y elusión fiscal más elevadas de Europa, alrededor de 88.000 millones de euros anuales según los Técnicos de Hacienda, y de los que el 72% corresponden a fraude fiscal cometido por grandes empresas y grandes fortunas. Si hubiera un esfuerzo para equipararnos al nivel de los países de nuestro entorno en lucha contra el fraude fiscal, se podrían recaudar 25.500 millones de euros adicionales. Sin embargo, la Agencia Tributaria, en los Presupuestos de 2014, se marca el objetivo de recuperación de sólo 9.222 millones de euros procedentes del fraude fiscal, apenas sin cambios con respecto al ejercicio anterior y contando con menos recursos. También queda en evidencia al comprobar que el importe presupuestado para 2014 de ingresos por el impuesto de sociedades (22.326 millones de euros) no es ni 1.000 millones de euros mayor que el ingresado en 2012 (21.435 millones de euros), a pesar del reiterado anuncio del Gobierno de limitar la proliferación de beneficios fiscales difícilmente defendibles, y que limitan la recaudación efectiva a través del impuesto de sociedades.

La reforma fiscal puede ser cualquier cosa menos un debate técnico. Es ante todo un debate de profunda orientación política, muy ideológico y casi diría que filosófico. Porque el sistema fiscal es el reflejo claro de un modelo de organización social y económica. Es ante todo, una cuestión de elección de gobierno, quién asume el esfuerzo y a quienes llegan los recursos.

Tras más de treinta subidas de impuestos en estos dos últimos años, sobre todo a las familias trabajadoras, el mensaje es ahora que “ha llegado el momento de bajar impuestos”. Aún más: se pretende bajar impuestos y aumentar la recaudación. Pero todo ello, sin poner en el centro de la reforma la lucha contra la evasión y elusión fiscal.

Es difícil no pensar en la intencionalidad electoralista que pueda esconderse tras un anuncio de bajada de impuestos ahora, a las puertas de dos elecciones fundamentales para el PP y cuando las encuestas reflejan una fuerte caída en la intención de voto. Se anteponen las bajadas de impuestos a otras soluciones como la lucha contra la evasión y elusión fiscal, lo que supone una ruptura básica de los principios de equidad. ¿O será tal vez que la equidad no importa?