La impudicia del Consejero Blasco

Esta entrada ha sido escrita porFernando Contreras Almela,Responsable Territorial de Oxfam Intermón en la Comunidad Valenciana.

Rafael Blasco en las Cortes Valencianas, donde es diputado. Foto: JORDI VICENT/EL PAÍS.

Se está celebrando en el Tribunal Superior de Justicia el juicio oral a la presunta trama de corrupción liderada por el ex-conseller Rafael Blasco que derivó hasta 8 millones de euros de fondos destinados a cooperación al desarrollo, al sonrojante lucro personal de sus integrantes: compra de pisos, aviones, yates y apertura de cuentas en paraísos fiscales. Todo supuestamente liderado por una persona que ha sido ocho veces conseller y ejerció hasta hace apenas unos meses de portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Corts valencianas. A lo largo del juicio se están escuchando los testimonios y las conversaciones telefónicas que mantenían los imputados, entre ellos los máximos dirigentes de la extinta Consellería de Solidaridad y Ciudadanía.

Más allá de la sentencia, lo que se está poniendo de manifiesto con las pruebas que el fiscal y la policía judicial han expuesto, es una visión nítida de los valores de las personas que durante años gestionaron las políticas de solidaridad de la Generalitat Valenciana. Se ha hecho evidente que, durante años, escalaron en el organigrama de la Generalitat Valenciana algunas personas más preocupadas por el beneficio económico propio que por el bienestar de la sociedad a la que servían. Valores muy alejados los que todos intuimos que son propios de un funcionario con vocación de servicio público. Demoledor.

Y mientras la abogacía de la Generalitat Valenciana se presenta como acusación y pide 11 años de prisión para el Sr. Blasco, este sigue sentado en su escaño en las Corts y manteniendo amigables conversaciones con muchos de los que hasta hace poco eran sus compañeros de partido y que, seguramente, en breve firmarán una petición para que le indulten en caso de ser condenado.

Y, es verdad, todo esto no tiene relevancia penal. Pero sí nos debe hace pensar que en nuestro sistema democrático probablemente hay algo que no funciona bien. Mientras normalicemos situaciones sonrojantes como ésta, no podemos afirmar que tenemos un sistema de gobierno sano y solidario. Hacer la democracia más participativa, una mayor transparencia y una mejor rendición de cuentas son temas ya urgentes que no pueden eludirse por más tiempo.

Y sólo una ciudadanía más activa, capaz de marcar un límite tajante a la falta de ética de sus gobernantes podrá lograr estos cambios que necesitamos. Hay que destacar la posición de la Coordinadora Valenciana de ONGD, que se ha convertido en un referente ético en la sociedad valenciana frente a los embates que durante años recibió de la administración, incluyendo amenazas personales más o menos veladas a los miembros de su junta directiva, estrangulamiento económico, creación artificial de falsas coordinadoras paralelas y un largo etcétera. Con unos recursos escasos (con los que podemos colaborar) se ha personado como acusación popular para llevar adelante la defensa de un sector que, no olvidemos, está compuesto fundamentalmente por personas voluntarias.

Cuando el fiscal recriminaba a Rafael Blasco que no le estaba contestando a sus preguntas, éste con toda la tranquilidad que seguramente otros no tendrían respondía que ya lo sabía, pero que él iba a decir lo que quería decir. Si se atreven a responder así ante un fiscal en el Tribunal Superior de Justicia jugándose 11 años de cárcel, qué no harán en la intimidad de sus despachos.