Revolución al volante
El bajón de muertes en las carreteras avala una política sostenida por Gobiernos diferentes
No parece exagerado afirmar que en España se ha producido una revolución en los comportamientos de la población al volante. Todavía mueren más de mil personas al año en las carreteras y es probable que la crisis económica haya influido en un tráfico menor. Pero el rotundo y sostenido bajón de fallecimientos responde no solo a la mejora de vehículos y vías, sino a la aplicación de una política que incluye medidas represivas, a priori impopulares, pero comprendidas y asumidas por gran parte de la sociedad. Hasta el punto de que la mitad de los encuestados por el CIS desaprueba el proyectado aumento del límite de velocidad hasta los 130 kilómetros por hora en algunos tramos.
El trabajo de persuasión, incluido el uso de publicidad criticada a veces por demasiado cruda, habría dado menores resultados sin la implantación masiva de radares, sin la introducción del carné por puntos y sin la frecuencia con que se practican los controles de alcoholemia. A principios de siglo, cuando lo normal era rebasar los 4.000 muertos por año, todavía se vivía una situación muy tradicional, entendiendo como tal la costumbre de saltarse ampliamente los límites de velocidad, ignorar las señales o conducir sin darle importancia al consumo de alcohol. La delincuencia vial y la excusa de que las multas son solo “para recaudar” se han trocado en la generalización de una cultura más responsable, y la sociedad tiene motivos para felicitarse de ello.
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Pero no es posible confiar solo en el arsenal de medidas represivas a la hora de seguir reduciendo el número de muertes. La crisis económica sorprendió a España cuando, por fortuna, acababa de renovar el grueso de su red viaria, lo cual le ahorra la necesidad de grandes inversiones en infraestructuras que serían inasumibles en estos tiempos. Sin embargo, salvar más vidas requiere prestar atención al mantenimiento de la red, así como empujar la venta de vehículos nuevos, que no solo suponen un motor económico y de empleo, sino una contribución al descenso de la siniestralidad.
La seguridad vial es una de las políticas públicas más exitosas de cuantas se llevan en España. La actual fue iniciada por un Gobierno socialista y sostenida por el Ejecutivo del PP. Conviene tomar nota del éxito en esa estabilidad de medios y objetivos a la hora de preguntarse por las razones que llevan al fracaso de otras políticas de Estado.
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