Juguete roto

El sectarismo y el clientelismo que han reinado durante dos décadas en Ràdio Televisió Valenciana han terminado con ella. Este medio público nacido en 1989 con el objetivo oficial de aumentar la pluralidad informativa y fomentar el uso de una lengua cooficial ha sido durante este tiempo un juguete, un caro instrumento de propaganda al servicio del poder cuyos endebles cimientos la crisis ha dejado al descubierto. Los sucesivos dirigentes del Partido Popular de Valencia (principalmente Eduardo Zaplana y Francisco Camps) fueron convirtiendo este medio de comunicación en un organismo altamente endeudado (1.126 millones de euros) y exageradamente dotado (1.620 empleados, equivalente a la suma de las plantillas de Antena 3, Tele 5 y laSexta), preso de la manipulación informativa.

Los problemas de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) no son muy distintos a los que aquejan al ente catalán y a Telemadrid, sin olvidar otras televisiones públicas autonómicas, pero la valenciana no es solo la primera corporación que echa el cierre en una comunidad bilingüe. Es, sobre todo, la que acumula quizá el mayor y más escandaloso rosario de despropósitos. Cinco de sus exdirectivos están imputados en casos de corrupción, entre ellos Pedro García, exdirector del ente e implicado en una adjudicación millonaria a la trama Gürtel con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006. Todavía el año pasado RTVV sufragaba parte de los costes de los grandes eventos promovidos por la Generalitat, como el premio de fórmula 1, o pagaba 10.000 euros al locutor externo que retransmitía las carreras. RTVV gasta seis veces más de lo que ingresa y la causa de su caída es una gestión que ha sido mala incluso a la hora de acometer un ERE que los jueces han anulado debido a las irregularidades cometidas; entre ellas la arbitrariedad con la que políticos y gestores han manoseado las listas de despedidos.

La Generalitat dice no ver ya muchas más opciones que el cierre debido al quebranto financiero de la propia comunidad. El actual presidente, Alberto Fabra, lleva tiempo en la directiva del PP valenciano y al frente del Gobierno. No puede por tanto declararse completamente ajeno al desastre de RTVV. Pero sí es cierto que tenía pocas o ninguna alternativa: mantener una televisión con la plantilla de antes del ERE resulta insostenible tanto desde el punto de vista político como económico, sobre todo en un momento de fuertes recortes en el gasto público y en los servicios sociales.

Hay varias víctimas en esta historia. Entre ellas, sin duda los 1.620 profesionales —periodistas y técnicos— que se quedan sin empleo; el proyecto de comunicación y cohesión cultural y lingüística que estaba en el origen del medio; el estado de ánimo de una comunidad autónoma que ya ha sufrido un fuerte golpe en su sistema financiero; y el interés de los contribuyentes, porque su dinero se ha empleado pésimamente durante demasiado tiempo.