Nací aquí, nunca he ido a Haití

Por Rosa Cañete Alonso, directora de Oxfam en República Dominicana, tercera entrada del mongráfico sobre Haití esta semana.

Foto de la derecha © Mosctha. Collage con imágenes publicadas por el movimiento dominicanas x derecho en FB. Bajo el lema "eso no se hace" elmovimiento dominican@s x derechoinforma y moviliza a la población a la vez que exige que todas las personas que tenían la nacionalidad dominicana sean reafirmadas como tales.

La cara de Juliana Deguis Pierre, dominicana hija de migrantes haitianos, el día del fallo de Tribunal Constitucional Dominicano no dejaba lugar a dudas: “Tengo 28 años y nunca he ido a Haití, ni una sola vez yo he ido, no sé cómo es (…) porque nunca he ido, porque yo nací aquí… (…) y si me mandan para Haití, no sé para dónde es que yo voy”.

Ella, al igual que los más de 200,000 potenciales afectados, no es una inmigrante a la que haya que regularizar. Ella nació en República Dominicana, ella nunca entró, ella nació en un país que le dio documentos dominicanos y ahora se los arrebata a través del “programa de rescate y adecentamiento del Registro del Estado Civil a fin de blindarlo de las acciones fraudulentas y dolosas, falsificaciones y suplantaciones que por tanto tiempo han afectado el sistema de Registro Civil dominicano”. Cuando nos hablan de adecentar el registro civil se habla de revisarlo para listar a todas las personas que desde 1929 fueron declaradas dominicanas pero que sus padres (madre y padre) no puedan probar su situación migratoria regular en el país cuando declararon a sus hijos. Pese a que la Constitución dominicana hasta el año 2010 planteaba que toda persona nacida en territorio nacional era dominicana a no ser que fuera hija de personas en tránsito, en el caso de los hijos de inmigrantes haitianos la aplicación fue siempre aleatoria

Este “rescate y adecentamiento” supondría el retiro de la nacionalidad de miles de personas y afectará mayoritariamente a los hijos e hijas de haitianos y ha sido considerado contrario al derecho a la igualdad y a la no discriminación que establece la Constitución Dominicana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

¡Qué nos perdonen por ser hijos de braceros haitianos!, clamaba entre lágrimas una de las afectadas. Y es que los potenciales perjudicados son en gran medida los hijos, nietos y bisnietos de los trabajadores de la caña que impulsaron la industria azucarera del país desde principios del siglo XX. Estos braceros fueron traídos al país por hacendados o el mismo Estado dominicano en condiciones de semiesclavitud, manteniéndoles sin papeles, sin derechos, en condiciones infrahumanas en los bateyes donde por muchos años no tuvieron si quiera libertad de circulación. Y no hay que irse tan lejos para entender estas condiciones, porque han cambiado poco: el salario mínimo aprobado por el Comité Nacional de Salarios 2012 es de RD$129 para los trabajadores del campo de la industria azucarera, por jornada de 8 horas diarias, es decir 46 euros por 20 días de trabajo al mes cortando caña bajo el implacable sol del Caribe.

“Yo lo que necesito es declarar a mis cuatro hijos, porque no he podido declararlos porque no tengo cédula y, la profesora me dijo que va tener que sacarlos de la escuela porque no pueden seguir sin acta de nacimiento”, planteaba Juliana, a quien arrebataron su documentación cuando fue a sacar cédula por tener “apellidos sospechosos”. Según la sentencia del Tribunal Constitucional, los cuatro hijos de Juliana tampoco tienen derecho a la nacionalidad dominicana debido a que el estatus migratorio de sus progenitores es irregular en el país. Si el padre de los niños fuera dominicano, sería diferente.

Como planteamos en Oxfam “el despojo de la nacionalidad a miles de personas les aniquilará civilmente al eliminarles, a ellas y a sus hijas e hijos, no solo sus derechos civiles sino también su capacidad para ejercer sus derechos sociales, económicos y culturales.” Carecer de documentos de identidad limita todos los ámbitos de la vida de las personas desde el cambio de un cheque o la compra de una casa; hasta su derecho al voto, a la protección social o ir a la escuela.

Nadie pone en duda que el derecho del Estado dominicano a determinar soberanamente las condiciones para adquirir la nacionalidad y la facultad del Tribunal Constitucional para interpretar esas condiciones a la luz de la Constitución, pero deberían hacerlo protegiendo siempre los derechos fundamentales de las personas y cumpliendo los llamados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos esperábamos la regularización de los flujos migratorios entre República Dominicana y Haití, lo que no esperábamos es que comenzaran desnacionalizando a los que nacieron aquí para luego regular su presencia como extranjeros.

Y mientras los mismos afectados reclaman ser dominicanos por derecho, continúa la tensión en el país. El pasado domingo la Red Nacional por la Soberanía Nacional organizó una marcha donde se gritaban consignas claramente antihaitianas: "muerte a los traidores", "no negociaremos la soberanía" y "ellos allá, y nosotros acá", “para estar seguros, construyamos un muro”. ¿Estaremos a puertas de otra limpieza étnica? Los afectados por la sentencia no dejan de expresar su temor.

Entradas anteriores de este monográfico:

Ventanas sobre Haití