Por una Cataluña solidaria

Como recordara El Roto, “el sueño de la nación produce —cuando menos— exilios”. Ante las últimas resoluciones del Parlamento de Cataluña, de 27 de septiembre, se hacen indispensables ciertas reflexiones que pretenden hacer visible que, hoy en Cataluña, hay otras voces y otras alternativas a lo que, bajo la cobertura del eufemismo llamado “derecho a decidir”, es pura y simplemente la ruptura con los españoles que conviven y, posiblemente, sufren más que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña.

Pero, resulta necesario llamar la atención sobre la Declaración de Soberanía del 23 de enero de este año, que constituye su precedente.

Primero, basta ya de manipulaciones históricas. Ya sabemos lo que significó para Barcelona y Cataluña el 11 de septiembre de 1714, ¡hace más de tres siglos!, pero que no nos oculten la verdad. Manuel Vázquez Montalbán se refirió a ese acontecimiento así: “La feroz resistencia de sus clases populares encabezada por Rafael Casanova y el general Villarroel, mártires víctimas de una causa nacional perdida”. ¿Quién se acuerda de Villarroel? Y, en esa terrible fecha, los Comuneros de Barcelona, representantes del pueblo, lo animaban a soportar las consecuencias de la derrota, advirtiéndoles él que quedarían “esclavos con todos los demás españoles engañados”. ¿Dónde estaba la ruptura con España?

En dicha Declaración se atribuía exclusivamente al Estado español “la involución del autogobierno” de Cataluña. Una mentira más de los gobernantes de CiU, asumida por ERC e ICV. Por ejemplo, el proceso de destrucción del sistema sanitario público catalán, ¿es responsabilidad exclusiva del Gobierno de Rajoy? Evidentemente, no. Cuando el presidente Mas denuncia los “agravios” del Estado español, se olvida de que son peores los agravios que él y sus gobernantes han infligido a su pueblo, al que ahora trata de embaucar con delirios remotos. Su grupo parlamentario en el Congreso de Diputados apoyó las medidas más duras del PP, como el RDL 20/2011, que incluía enormes restricciones en el sector público —incluidas la educación y la sanidad— y congelación de salarios, así como cuantas medidas se adoptaron para la reestructuración bancaria y saneamiento del sector financiero en beneficio de los más poderosos. Pero, eso sí, como denunció el diputado Joan Coscubiela, el presidente Mas mantenía “un doble lenguaje” mientras “defendía los intereses de sectores económicos y lobbys catalanes y españoles”.

Mas denuncia “agravios” del Estado español, pero son peores los que él ha infligido a su pueblo

Pero aún es más reprochable en esa Declaración que no cite en ningún momento a los ciudadanos y pueblos de España, como si las mujeres, hombres y niños/as de España pudieran ser confundidos con las instituciones y normas jurídicas que los regulan. Para los firmantes de esa Declaración, España solo son el Estado español, la Constitución de 1978 y la II República. Es muy grave. Como es, igualmente irritante e injusto, que si bien el apartado 5 de la Declaración se refiere a “Europa” —luego a la Unión Europea—, se omita toda referencia a España, a la que Cataluña ha estado vinculada hace centenares de años, y, en su lugar, se haga referencia al “Estado español” como sujeto de negociaciones, al mismo nivel que las instituciones europeas o la comunidad internacional, cuando la continuidad o no de los lazos de Cataluña con España es, en definitiva, el núcleo del debate y el objetivo fundamental de la supuesta consulta. Al menos, así lo entendemos los denominados en el Estatuto “ciutadans espanyols” y, sobre todo, los ciudadanos de esa España que, indignamente, se oculta. Y, por último, en el apartado Legitimidad democrática, se dice que en el proceso que plantea se garantizará “la pluralidad de opciones y el respeto a todas ellas”, afirmación completamente falsa, que descalifica al propio proceso.

Frente a las pretensiones expuestas en dicha Declaración, hay que hacer constar que el Gobierno de CiU está incumpliendo de forma flagrante el Estatuto vigente, que “quiere proseguir… la construcción de una sociedad democrática y avanzada… solidaria con el conjunto de España…” y que quiere “desarrollar su personalidad política en el marco de un Estado que reconoce y respeta la diversidad de identidades de los pueblos de España”. Se niega a admitir que igual que había varias “Barcelonas”, también hay varias “Cataluñas” que desean convivir en paz y armonía con todos los pueblos de España.

Naturalmente que Cataluña es una indudable “realidad nacional”, pero también es cierto que esa realidad se ha fraguado, fundamentalmente en el siglo XX, por el apoyo que ha recibido constantemente de todos los pueblos de España. Cataluña es lo que es porque, tras las oleadas migratorias de dentro y fuera de España, se ha construido una “sociedad integradora” donde pueden convivir “identidades diversas”. Esta es la gran riqueza de Cataluña, como pueblo y como cultura.

Es la suma de los sufrimientos y aspiraciones de catalanes de origen y de inmigrantes, nacionales y extranjeros, que abandonaron sus tierras a causa de las políticas capitalistas que gobernaron coordinadamente las burguesías de España y Cataluña.

Esta tierra es la suma de los sufrimientos y aspiraciones
de catalanes de origen y de inmigrantes

En las resoluciones parlamentarias citadas se plantea un marco institucional inmediato, que es claramente contradictorio con nuestra Constitución democrática. Más allá de las dificultades legales que ciertamente concurren para la celebración de consultas, competencia exclusiva del Estado y que solo pueden ser consultivas, es justo reconocer que esta competencia del Estado es delegable en una comunidad autónoma pero deberá hacerlo a través de una ley aprobada por el Congreso de Diputados. En todo caso, la pretensión de los partidos soberanistas se enfrenta a un precepto constitucional esencial, porque afecta a la igualdad de todos los ciudadanos: “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”.

Ciertamente, se hace referencia a “un proceso democrático” y a un “diálogo con las instituciones del Estado para acordar las condiciones legales para el ejercicio del derecho a decidir”. Luego, se reitera “el diálogo y la negociación con el Gobierno del Estado” con el objetivo de realizar una “consulta democrática” para determinar el resultado del ejercicio de aquel derecho. Para, a continuación, argumentar, con evidente error, anticipación histórica y manipulación política, que “la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña” ha quedado expresada en la manifestación del pasado 11 de septiembre. El Parlamento de Cataluña llega, pues, a asociar derecho a decidir con independencia a partir de unos datos sociológicos, los que fueran, que en absoluto se corresponden a la libre y democrática expresión de la voluntad popular en las urnas. Por tanto, ya no estamos hablando de derecho a decidir sino, pura y simplemente, de una consecuencia, la secesión de España, que es radicalmente incompatible con la Constitución vigente.

De aquí se desprende que en la Resolución se plantee una situación de “transitoriedad jurídica” y de “estructuras de Estado” cuando, hoy por hoy y no sabemos hasta cuándo, el actual estatus institucional de Cataluña es el establecido en el Título VIII de la Constitución. Y en un Estado democrático choca que un Parlamento plantee unas propuestas con un cierto tono de provocación como cuando afirma que el deseado diálogo “no se puede eternizar”. ¿Es una velada amenaza? Y es igualmente rechazable, por la falta de respeto a otras opciones legítimas sobre las relaciones de Cataluña y España, que la pretendida “consulta” solo verse sobre “la pregunta”, dando a entender que es única y excluyente fuera de la independencia. Si fuere así, debemos rechazar y denunciar un programa tan sesgado como engañoso para los ciudadanos.

Y, para concluir, el objetivo constitucional de que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean “reales y efectivas” en el marco de una democracia avanzada —centro de la Constitución y del Estatuto vigente— ha quedado limitado a una genérica referencia a la “profundización del Estado del Bienestar”. Proclamación que, como ha sostenido SOS Racisme, está “en flagrante contradicción con las políticas económicas del actual gobierno”. Realmente, estamos ante un gravísimo retroceso histórico que, como siempre, perjudicará a las clases populares.

Carlos Jiménez Villarejo es jurista y miembro de Federalistes d’Esquerres.