Víctimas y política

A través de una manifestación convocada para hoy en Madrid, varias asociaciones de víctimas del terrorismo quieren dejar clara su disconformidad con la reciente sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y reivindicar un final de ETA “con vencedores y vencidos”. Es comprensible que los familiares de los asesinados y los supervivientes de los atentados expresen su dolor o se consideren víctimas de una injusticia. Más preocupante resulta que líderes políticos, entre ellos los del partido gobernante, cedan también a la tentación de manifestarse.

El PP se encuentra en un aprieto. Cuando estaba en la oposición salió a la calle junto a las asociaciones de víctimas y en contra del Gobierno socialista, al que señaló como un traidor a los muertos. Mariano Rajoy, participante en aquellas concentraciones, no permite que el Gobierno actual asista a la de hoy, pero envía a la dirección de su partido, probablemente para no verse entre las dianas de la protesta.

La sociedad española ha evitado la tentación de tomarse la justicia por su mano hasta en los peores momentos de los años de plomo, y ha creído que la democracia iba a imponerse sobre la vesania terrorista. Así ha sido: ETA ha resultado derrotada, aunque a costa de mucha sangre. Sostener que eso supone un final sin vencedores ni vencidos es dar por buena la demagogia política y mediática que se niega a aceptar otra solución, en la práctica, que la extinción de los terroristas en prisión.

Racionalmente tampoco es posible mantener que 20 o 30 años entre rejas equivalen a impunidad o amnistía. En España no existe la cadena perpetua y cada preso debe ser tratado con arreglo a las normas existentes cuando fue juzgado y condenado. Yerra Esperanza Aguirre cuando clama contra un tribunal que “humille a las víctimas y premie a los asesinos”; el mismo tribunal, por cierto, que avaló la ilegalización de Batasuna en 2009. Y se equivocan —con crueldad— los que saltan de satisfacción con la sentencia, porque no es fácil de digerir que vuelvan a pasearse por las calles quienes las llenaron de sangre. La izquierda abertzale hará bien en separarse de todo intento de glorificar a los criminales excarcelados.

Ni el Ejecutivo puede manejar a su voluntad los tiempos de permanencia en prisión, ni se le puede acusar de no haber intentado que Estrasburgo diera una solución distinta a asesinos condenados por un solo crimen o por varias decenas. Un tribunal europeo e independiente ha decidido; le correspondía hacerlo y hay que respetarlo. La Constitución deja meridianamente claro, en su artículo 10, el sometimiento a los tratados y acuerdos ratificados por España en materia de derechos humanos. Una dictadura hace lo que le da la gana al poder ejecutivo; una democracia, no. Se puede disentir de un fallo judicial, pero no construir una política ni mantener la convivencia sobre la base de incumplir sentencias firmes o de forzar al Gobierno a hacer lo que no está en su mano.