Acto privado, consecuencias públicas

Debido sin duda a la trágica vida y muerte de Diana de Gales, la pareja real que forman Guillermo y Catalina tienen una especial obsesión con su privacidad. Es algo que tiene también bastante que ver con el delicado aparato de relaciones públicas que gobierna el quehacer de los Windsor precisamente debido a lady Di, cuyas públicas desavenencias con el príncipe de Gales en su atormentada relación matrimonial estuvieron a punto de hundir la muy sólida y muy popular monarquía británica.

Es obvio que Guillermo y Catalina tienen derecho a una vida privada. Si ella quiere tomar el sol sin sujetador en una casa particular en la campiña francesa, por ejemplo, no es algo que debiera interesar al resto del mundo y es trágico que haya medios que intenten convertir trivialidades privadas como esa en negocio y noticia pública. Es solo un ejemplo. Podría haber muchos más.

Pero la privacidad de esta pareja tiene muchos más límites que la de los ciudadanos comunes y corrientes porque, por mucho que pretendan serlo, no son ciudadanos comunes y corrientes. No son personas superiores al resto de los mortales, pero son distintos porque forman parte de ese sistema absurdo, pero a veces eficiente, llamado monarquía. Por eso, ni las bodas, ni los nacimientos ni los bautizos son actos verdaderamente privados, porque tienen consecuencias públicas.

El príncipe Jorge, bisnieto de la reina Isabel II y tercero en la línea de sucesión al trono británico, no tiene derecho a elegir religión. Al menos, si quiere algún día ser rey de Inglaterra. Porque, por ley, ha de ser miembro de la Iglesia de Inglaterra. Por eso su bautismo, su cristianización, que sería la traducción textual del christening de este miércoles 23 de octubre de 2013, no es el mero acontecimiento familiar que sus padres pretenden. Y por eso, el celebrante no es un oscuro sacerdote amigo de la familia, sino el mismísimo arzobispo de Canterbury.

Tras un cambio constitucional, nadie será excluido de la lista de sucesión por casarse con un católico

Eso no quiere decir que deba ser un acto televisado en directo o que tengamos derecho a conocer todos los detalles de la ceremonia. Personalmente, a este comentarista se la trae al fresco quién está o no invitado y quiénes son los padrinos. Y si fuera director de este periódico se limitaría a publicar un breve texto acompañando la fotografía de las cuatro generaciones vivas ligadas al trono que se distribuirá tras el bautizo: la reina Isabel, su hijo Carlos, su nieto Guillermo y su bisnieto Jorge.

Pero ese bautizo tiene relevancia política porque, salvo en brevísimos periodos de la historia, los reyes y reinas de Inglaterra han estado obligados a profesar la religión Anglicana desde tiempos de Enrique VIII. Y eso es así por ley, desde que se aprobó en 1703 la llamada Act of Settlement. Y aún es así ahora. Y lo es porque desde que Enrique VIII rompió con el Vaticano, el monarca es Gobernador Supremo de la Iglesia de Inglaterra. Bueno, Enrique VIII y sus dos primeros sucesores, Eduardo VI y Maria I, eran más que eso: eran Cabezas de la Iglesia, un estatuto que se redujo al de gobernador porque parecía que los reyes querían competir en importancia con el mismísimo Jesucristo.

La reciente reforma constitucional que ha eliminado la primacía del varón sobre la hembra en la ley de sucesión ha eliminado también la prohibición de que el monarca tuviera un cónyuge de la religión católica –cuirosamente, esa prohibición no se extendía a otras confesiones– pero ha mantenido el carácter del monarca como Gobernador Supremo de los anglicanos, lo que exige que sea de la religión anglicana. Un anacronismo en un país en el que se evita llamar Navidad a la Navidad en los documentos oficiales para no ofender a los ciudadanos no cristianos…

El cambio constitucional significa que nadie será excluido de la lista de sucesión por casarse con un católico. Es algo que hasta ahora ocurría más a menudo de lo que pueda parecer. El príncipe Michael de Kent, nieto de Jorge V y primo hermano de la reina Isabel II, que se casó en 1978 con una mujer católica, fue entonces excluido de esa lista. Lo mismo le ocurrió al conde de Saint Andrews en 1988. Más recientemente, la católica Autumn Kelly se convirtió al anglicanismo para evitar que Peter Philips, hijo de la princesa Ana y nieto de Isabel II, no fuera excluido de la lista de sucesión.

La Iglesia católica se ha dado por satisfecha con ese cambio y ni espera ni realmente desea que la Iglesia Anglicana deje de ser la llamada Iglesia Establecida del país. ¿Por qué? Porque el resquemor contra los católicos, que estaba aún muy presente incluso en la segunda mitad del siglo XX, es ahora meramente residual. Y despojar al monarca británico de su carácter de Gobernador de la Iglesia Anglicana sería despojar a la monarquía de su carácter cristiano y, aún más, convertirla en una institución completamente laica. Y bastante está retrocediendo ya la religión en Gran Bretaña como para dar una batalla que solo pueden ganar los laicos. Más vale un monarca anglicano que uno ateo, piensan.