El negocio de los derechos humanos

Por Yolanda Román (@stricto_sensu), consultora y experta en derechos humanos.

En algunos ambientes, tanto del sector social como del corporativo, todavía resulta extravagante juntar “empresas” y “derechos humanos” en una misma frase y aún más si esta se formula en positivo o invitando a la convivencia. Afortunadamente, esa reacción instintiva de rechazo -que suele ser mutuo-, empieza a ser marginal. Así que si son ustedes de los que creen que es una combinación inverosímil, les recomiendo que empiecen a disimular su perplejidad, porque no se están enterando de por dónde van los tiros.

El pasado viernes, John Ruggie, profesor de Harvard y durante años Representante especial del Secretario General de la ONU, presentó en Madrid su libro Just Business. Multinational Corporations and Human Rights– si me encargasen su traducción al español, propondría titularlo “Hablemos de negocios. Empresas multinacionales y derechos humanos”-. El ilustre profesor es un hombre tranquilo y convincente que en la última década ha dirigido la reflexión y los trabajos internacionales para construir el marco conceptual y de referencia que establezca las responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos. En 2005, Kofi Annan le encomendó la misión imposible de poner orden en un debate embrollado y cuyo fracaso se resumen en las fallidas “Normas para empresas y derechos humanos”, que la antigua Comisión de Derechos Humanos de la ONU se negó a aprobar. En su libro, Ruggie explica, de manera casi novelesca, el complejo diálogo a tres bandas que ha venido moderando, entre los gobiernos, las empresas y las organizaciones globales de derechos humanos, hasta conseguir la aprobación de los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos.

Los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011, son hoy la referencia mundial en la materia. Insuficientes para unos, demasiado exigentes para otros, lo cierto es que tienen el mérito de haber generado un consenso impensable en relación con un tema altamente sensible. El debate de fondo y la tensión entre las dos vocaciones irreconciliables en juego, la de la obligatoriedad frente a la de la voluntariedad, es de gran complejidad jurídica y política. Sin embargo, el acuerdo ha sido posible. Ruggie desvela en su libro el secreto del éxito de la misión que se le encargó: el pragmatismo basado en valores y orientado a conseguir avances reales en lo verdaderamente importante, que es la vida diaria de las personas. Hacer sencillo lo complejo para facilitar el cambio real. Para ello, todas las partes implicadas deben cooperar en el esfuerzo.

Con esa misma sencillez respondió el profesor Ruggie a la pregunta de qué beneficio obtienen las empresas desarrollando políticas comprometidas con el respeto de los derechos humanos en los países donde operan, especialmente en aquellos en los que la maquinaria estatal de protección es más débil o menos respetuosa. “No conozco ninguna empresa que haya quebrado por tratar a las personas decentemente y respetar los derechos humanos; sin embargo, que una empresa se arruine por no hacerlo es muy posible”, dijo.

Y ésa es la clave. Los derechos humanos son buen negocio. En un mundo cada vez más complejo y con una ciudadanía global cada vez más informada y exigente, las empresas no pueden permitirse operar al margen de las normas internacionales que protegen los derechos humanos. Si los ciudadanos se lo exigen, invertir en derechos humanos será irrenunciable para ellas y las hará más competitivas y protagonistas de un desarrollo económico y humano sostenible.

En España se está elaborando un plan de derechos humanos y empresas basado en los principios rectores de Ruggie, el resultado del proceso liderado por el Ministerio de Exteriores será un buen termómetro para valorar cuánto han entendido el reto las empresas españolas.