La política-espectáculo de Cataluña

Las manifestaciones de masas han desempeñado un papel sustancial en la caída de las dictaduras, desde las que acabaron con la autocracia del sah en Irán hasta las de la plaza de Tahrir, motores de un cambio tras otro en Egipto. Pero también han modificado en ocasiones la vida de las democracias. Tal fue el caso de la gran manifestación gaullista en los Campos Elíseos que puso fin al Mayo del 68 francés y lo es también la celebración de la Diada el pasado año, convertida en detonador para el proceso de la independencia de Cataluña. La manifestación de protesta contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut fue su prólogo en 2010, al afirmar conjuntamente el “som una nació!” y el “nosaltres decidim”, y también al provocar una alteración sensible en la opinión relativa a la independencia, que pasó a ser de 40% a favor frente a 45% en contra. Al llegar el 11-S de 2012 era ya levemente mayoritaria, y cabe pensar que en el año transcurrido, a la vista de los resultados electorales, el desequilibrio es mucho más acusado.

A la vista de estos datos, y habida cuenta de la pasividad del Gobierno de Madrid y de los partidos constitucionalistas, lo que resulta difícilmente explicable es la vía elegida por Artur Mas para avanzar hacia la independencia. Dado el permanente desgaste de Rajoy y del PP, la apertura de un amplio debate sobre el futuro de Cataluña y la distinción entre el soberanismo militante y un Gobierno neutral, leal a la Constitución, hubiese generado posiblemente un escenario democrático donde el predominio del independentismo adquiriría una legitimidad por encima de cualquier obstáculo legal. Aun llenándose la boca una y otra vez de la palabra democracia, el Gobierno de CiU ha optado por un camino muy diferente, al buscar la creación del consenso por medio de un control estricto de la comunicación política y una acción permanente de propaganda. Lógicamente, los catalanes opuestos a la independencia —miembros de Unió Democràtica incluidos— no se verán privados del voto, pero sí lo están de hecho de voz y de visibilidad en el espacio público. Frente al otro, exclusión, al modo del diario nacionalista en catalán de Barcelona que limita el acceso a su edición digital para los lectores de los Países Catalanes.

CiU ha buscado el consenso controlando la comunición y con una permanente propaganda

Otra cosa es pensar en que la situación actual parte de la nada. El desfase histórico entre España y Cataluña, cuyo proceso de modernización económica y cultural hubo de adecuarse al atraso del resto del país, sin lograr nunca el control del Estado, tenía que estallar antes o después. Nada tiene de extraño que el conflicto haya surgido tras un periodo de crecimiento, donde la identidad catalana se vio ampliamente reforzada, incluso gracias a conflictos como el educativo, cuando la crisis económica ha creado una imagen totalmente negativa de una España inútil que además “expolia” a Cataluña. Dado el incremento de las protestas sociales contra la Generalitat, el señuelo independentista ofrecía un espléndido objetivo de sustitución. El antiguo complejo de superioridad catalanista, de disgusto por pertenecer a un país inferior, encontraba además un poderoso agente movilizador en la “humillación” sufrida con la sentencia restrictiva del Constitucional.

Las piezas estaban reunidas para el salto hacia delante, materializado según un patrón ya conocido por el ascenso al poder de otros movimientos nacionalistas, con el propósito de dar vida al mito de una sociedad homogénea, perfecta desde sus orígenes —como reza el preámbulo de la declaración soberanista del Parlament: la historia del pueblo de Cataluña desde la Edad Media es la de una permanente manifestación democrática por el autogobierno—, donde la pureza en los sentimientos patrióticos garantiza la victoria sobre España, convertida en opresor a eliminar: 1714. La sacralización de los propios símbolos, fundidos con las manifestaciones deportivas de masas —el Camp Nou convertido en gigantesca senyera, la senyera nuevo uniforme del Barça— y la satanización de los estatales, da lugar a dos imaginarios enfrentados, y la elección para un verdadero catalán no debe ofrecer dudas. La retórica del antifranquismo se adapta a la nueva circunstancia: no en vano regresa el canto de movilización de Lluís Llach. La estaca a arrancar es ahora la pertenencia al Estado y a la Constitución Española. Los votos servirán para confirmar lo que la vanguardia independentista ha prefigurado mediante el monopolio del espacio público en esta democracia aclamativa.

De ahí que no sea preciso esperar a referéndum alguno para emprender el montaje del Estado catalán. A diferencia del plan Ibarretxe, la declaración de soberanía del pueblo de Catalunya, aprobada el 23 de enero por el Parlament, define un poder constituyente catalán, sin tener en cuenta el ordenamiento constitucional español, en virtud del cual existen hoy las instituciones y los poderes autonómicos. El hecho de que tal declaración sea anulada por el Constitucional de Madrid no cuenta. De ahí que tenga poco sentido preconizar el “diálogo” con la Generalitat, pues el único contenido del mismo sería la forma en que el Gobierno español diese su aval a la dinámica independentista en curso.

La estaca a arrancar ahora es la pertenencia al Estado y a la Carta Magna española

Esa dinámica es unidireccional, conforme ha probado la trayectoria de la Comisión para la Transición Nacional. Ante Cataluña se abría ciertamente un abanico de posibilidades, tales como propugnar una confederación o una federación asimétrica, pero según advirtió con un cierto cinismo su presidente, el magistrado Carles Viver en la sesión inaugural, las mismas eran de sobra conocidas (sic) y por eso había que ir en línea directa hacia el Estado propio, “la menos estudiada” y “más radical”. El dictamen hecho público a finales de julio lo confirma. La finalidad es la preestablecida. El verdadero objetivo consiste en apuntalar el carácter legal de la consulta, esto es, del referéndum encubierto que atestigüe la voluntad de separación ante la opinión internacional. Cierto que la sentencia del Constitucional, de 11 de septiembre de 2008, frenó una pretensión similar de Ibarretxe. Aquí se recurriría a una legitimación democrática de carácter general, con el ejemplo de Quebec al frente y con la recuperación del artículo 122 del Estatut, permitiendo las consultas, a pesar de que el Constitucional en su sentencia desautorizara su conversión en referendos.

Lo hubiera dicho el exlehendakari vasco. Pedir la simple opinión a los catalanes sobre la independencia, en apariencia sin las consecuencias jurídicas de un referéndum: ¿qué hay de malo en ello? La consulta celebrada en Gibraltar, con el visto bueno de Moratinos, es el ejemplo: sin los controles normativos del referéndum, en cuanto a regulación de campañas y voto, resultó decisiva. Cuenta además la experiencia de otros procesos de autodeterminación. A un independentismo del 30% corresponde ya una previsible mayoría en el referéndum, y sobre todo un respaldo al “derecho a decidir” superior al 70%. No importa que, como sucediera en Quebec, perdido el referéndum por la mínima, el independentismo bajara del 30%. La vía aconsejable para ganar a toda costa es la seguida por la Generalitat, y no faltan demócratas, como el constitucionalista Francesc Carreras, que la avalen, pronosticando el triunfo del “no”. Olvida que en todo este año el juego limpio no ha existido. Solo hay un consenso formado, el independentista, frente a una opinión fragmentada, sobre la cual han recaído además todos los escándalos de la política española en estos meses.

Además, mientras el Gobierno sigue sumido en el silencio, el desgarramiento socialista, con dos partidos en uno, PSOE y PSC, y otros dos en la propia Cataluña, garantiza la impotencia a corto plazo, por muchos valores positivos que ofrezca la reciente oferta federal. Poca cosa frente al avance paso a paso de la política-espectáculo en Cataluña, fortaleciendo cada vez más la acción del efecto mayoría. La inminente Diada será un ejemplo inmejorable. Resiste solo la estaca, una Constitución en la que cabe la vía para la reforma y para la libertad catalana.

Antonio Elorza es catedrático de Ciencias Políticas.