Triángulo vasco

Si las prioridades compartidas por PNV, PSE y PP vasco son la crisis y el fin definitivo de la violencia, hay condiciones para un acuerdo entre ellos, si cada uno cede algo. No se entiende, por ello, el veto de Patxi López al PP, cuyo respaldo le permitió ser lehendakari. La presencia del PP equilibraría ese posible acuerdo (27 escaños del PNV frente a 26 de PSE y PP, que serían 27 con el de UPyD), lo que constituye una garantía de que el nacionalismo no jugará la baza rupturista con la izquierda abertzale.

Pero también el PP tendría que afinar en materia antiterrorista. Urkullu ha desvelado que hace un mes presentó a Rajoy un plan para flexibilizar en sucesivas fases la política penitenciaria, y que el presidente se limitó a escuchar sin decir nada. En un documento interno recientemente conocido, la banda reconoce que el itinerario establecido en la Conferencia de Aiete que precedió al cese de ETA “no ha logrado imponerse”. Se refiere al llamamiento a iniciar conversaciones sobre las “consecuencias del conflicto”, eufemismo para referirse a sus presos. Un comunicado difundido hace dos días llamaba a redoblar la presión callejera para forzar esa negociación. Como ha reiterado Urkullu, la responsabilidad de que el problema de los presos esté bloqueado es esencialmente de ETA, que se resiste a disolverse, condición para poder avanzar en las medidas penitenciarias que conduzcan a la reinserción. Pero así como hace un año la banda acusaba a España y Francia de “desvirtuar el proceso” reduciéndolo a “una salida técnica” —los presos—, excluyendo la negociación de sus objetivos políticos, ahora se limita al tema carcelario.

Mantiene, sin embargo, la negativa a disolverse sin una negociación con los Gobiernos de España y Francia, expresamente descartada por ambos. Sostiene Otegi en su libro de 2012 que ante bloqueos como este, “la unilateralidad es la clave de nuestra apuesta”. Pero el comunicado incluye la advertencia de que la negativa a negociar “tendrá consecuencias”. La izquierda abertzale insiste en que la vuelta atrás es impensable, pero no exige la disolución.

Hay algo, sin embargo, que el Gobierno sí puede hacer, y también de manera unilateral, sin negociación: poner fin a la política de dispersión. Una medida reversible y de escaso riesgo en la situación actual. No es que vaya a disuadir a ETA de seguir reclamando la amnistía; pero sí es clave para eliminar ese viejo obstáculo al entendimiento PNV-PSE-PP sobre iniciativas conjuntas para favorecer la disolución.