Cataluña: utopía insurreccional o federalismo

En los últimos años el independentismo ha dejado de ser una mera ilusión del nacionalismo catalán más recalcitrante y se ha transformado en un ineludible fenómeno político y sociológico que bien podría calificarse de "utopía activa", pues no solo ha logrado una posición hegemónica en el discurso público en Cataluña sino que se muestra convencido de que la historia está de su lado. El proceso de elaboración del nuevo Estatuto, muy desafortunado desde el principio hasta el final, permitió fijar en la retina de muchos catalanes la tesis del fracaso del encaje en España, hasta el extremo que Artur Mas se permite ya comparar la sentencia del Tribunal Constitucional con la supresión de la autonomía por Franco en una secuencia histórica que arranca de la derrota de 1714. A este discurso, se le añaden los sabidos argumentos económicos, principalmente la idea del expolio fiscal, que han penetrado con mucha fuerza, y que como todo populismo mezcla hábilmente verdades con exageraciones o mentiras deliberadas. La grave crisis política e institucional española, junto a la hipótesis de matriz neoliberal de que en la globalización ya no hay fronteras y que el tamaño de los Estados no importa, ha convertido la secesión en algo que promete enormes beneficios sin apenas riesgos, .

El líder de ERC, Oriol Junqueras, a menudo expresa su propuesta política en términos de necesidad histórica, de algo casi inevitable, que con solo desearlo fuertemente ha de ser posible. Como ha sido estudiado para otros movimientos, el determinismo acrecienta la energía y el activismo de todos aquellos que simpatizan con sus objetivos, y les lleva a creer que están muy cerca de alcanzarlos. Sin embargo, las dificultades para alcanzar una secesión a corto plazo son tan excesivas, por razones políticas, jurídicas y económicas, que no puede dejar de calificarse de utópico, en el sentido de ser un sueño. No porque deba despreciarse por irracional y fuera totalmente del marco de la realidad, sino porque solo puede alcanzarse mediante una disyuntiva radical, insurreccional, en el marco de un escenario de máxima tensión, que provoque el desmoronamiento del orden constitucional. El soberanismo no piensa, claro está, en una insurrección violenta, sino en materializar una confrontación simbólica entre legalidad y democracia. Se trata de provocar el famoso choque de legitimidades. Y aquí es donde el imperativo de celebrar una consulta, amparándose en el famoso derecho a decidir, juega un papel de primer orden.

El derecho a la secesión unilateral no existe en ninguna democracia del mundo

La primera victoria de los partidarios de la secesión se ha producido en el terreno del lenguaje, pues han logrado introducir en el debate catalán una retórica casi indestructible que ha acabado modificando muchas conciencias. Es sorprendente que, en medio de esta crisis socialmente tan injusta, la reivindicación del derecho a decidir se haya transformado el no va más de la radicalidad democrática. Es paradójico porque tal derecho, el de la secesión unilateral, no existe en ninguna democracia del mundo ni tampoco en el derecho internacional. Los referéndums siempre citados de Québec y Escocia son posibles porque no existe en ambos casos un impedimento constitucional explícito. España, pues, no es tan excepcional como a menudo se pretende, más allá del esencialista artículo 2 de la Constitución: los famosos "indivisible e indisoluble" que fueron la moneda de cambio para incorporar el sustantivo "nacionalidades".

El pacto firmado entre CiU y ERC tras las elecciones del 25 noviembre, refleja que la agenda soberanista discurre por un esquema de revuelta insurreccional en el sentido antes explicado. Por un lado se fija el 2014 como el año que tiene que producirse la celebración de la consulta, cuyo atraso solo pueden acordar ambas formaciones de forma conjunta. Y, por otro, se dan los pasos para avanzar en el proceso constituyente de una nueva legalidad: la declaración soberanista del 23 de enero, la creación del Consejo de la Transición Nacional, el impulso a la Agencia Tributaria de Cataluña para que pueda cobrar todos los impuestos y materializar, llegado el caso, la insumisión fiscal, y, finalmente, la ley de consultas no refrendarias, que se aprobará dentro de unos meses. El objetivo es que a finales de este año esté todo listo para fijar la fecha y la pregunta.

Este es el esquema de inicio, la atrevida ruta a emprender sobre el papel. Sin embargo, poco a poco, la cruda realidad ha ido abriéndose paso, envuelta también de no pocos escándalos de corrupción. Si analizamos las declaraciones más relevantes de los dirigentes de CiU, particularmente tras los recientes viajes a Bruselas de Artur Mas y Josep Antoni Duran i Lleida, salta a la vista que no parece muy aconsejable emprender el camino del unilateralismo. Contra lo que a menudo los medios públicos de comunicación catalanes han dado a entender, no hay nadie en Europa interesado en que España se desmembre, ni nadie va a salir en defensa de las aspiraciones soberanistas por muy democráticas que se presenten. Tampoco el mundo económico y financiero catalán desea una confrontación autodestructiva, y ya hace tiempo que emite claras señales a favor del acuerdo entre el Estado y la Generalitat, empezando por la financiación. Pese a lo firmado con ERC, no parece probable que el Gobierno de CiU vaya a convocar una consulta ilegal, que sería la antesala de unas elecciones anticipadas plebiscitarias, cuyo resultado solo podría dar lugar al fracaso definitivo del proceso o, al contrario, a hacer inevitable la declaración unilateral con la que sueñan los republicanos.

Finalmente, un detalle no menor es que, mientras Mas estaba de viaje, la cúpula de CDC acordó que éste volvería a ser su candidato en las próximas elecciones. Sus compañeros intentan evitar así que Mas abandone el barco y que su marcha traslade la imagen que se ha perpetrado una traición al proceso soberanista. Puesto que la decisión de abandonar la estrategia del pacto fiscal por la del derecho a decidir fue suya, creen que a Mas le toca desenredar este nudo tan complicado. Ahora bien, eso no significa que los convergentes sean amos y señores de todos sus movimientos, pues hay un potente movimiento civil que les empuja y vigila. Finalmente, no hay que olvidar que la frustración va a ser enorme entre el electorado soberanista si Mas no es capaz de construir un imaginario que reemplace la idea de la consulta en 2014.

En Europa nadie está interesado en que España se desmembre ni defiende el soberanismo

Llegado este punto es urgente ofrecer una hoja de ruta alternativa a un proceso estéril, y que va a generar mucha confusión. Aquí es donde el federalismo que defiende el PSC podría jugar un papel central a condición de despejar las dudas en cuanto al orden de los factores. Es muy difícil defender al mismo tiempo la celebración de una consulta, legal y acordada, y la reforma de la Constitución. Dicho de otra forma: no hay otro camino democrático que no pase, ante todo, por la reforma constitucional en cuyo marco debería plantearse abiertamente la posibilidad de la secesión territorial en base a criterios siempre muy excepcionales y mayoritarios. Por tanto, es urgente despejar los equívocos: hoy no existe posibilidad legal ni política de consulta clara sobre la secesión.

Lo que España y Cataluña necesitan es preparar el terreno para acometer una reforma constitucional en la próxima legislatura, en 2015, que tendrá que hacerse a partir de la nueva correlación de fuerzas que surja, y que promete ser bastante diferente de la actual. Y que, por supuesto, deberá tener como objetivo general una regeneración a fondo de la política y de todas las instituciones en el marco de un Estado federal. En cualquier caso, tendrá que hacerse siempre desde un amplio consenso que conviene ya empezar a labrar.

Joaquim Coll es historiador.