Expropiados y denunciados
El pasado año y con muchos años de retraso, a través del programa de pago a proveedores aprobado por el Gobierno, miles de afectados cobraron al fin por las expropiaciones de terrenos realizadas para la construcción de carreteras que puso en marcha el Gobierno anterior. Al fin, después de cinco o más años, pequeños propietarios expropiados vieron cobrados los importes marcados por los tribunales de justiprecio en el momento de la expropiación.
Tras este acto de justicia los mismos acreedores que han cobrado sus deudas han empezado a recibir cartas del Ministerio de Fomento informando de la apertura de juicios contra ellos para reclamarles parte o todo el dinero cobrado, alegando que ahora el precio pagado es demasiado alto y que ese pago de deudas se considera lesivo para los intereses del Estado. Es decir, algo increíble, los ciudadanos son expropiados, tardan años en cobrar sus deudas y tras recibir el dinero, el propio ministerio los lleva a juicio para que devuelvan parte de lo recibido.
Creo imprescindible que el ministerio detenga este abuso sobre miles o decenas de miles de expropiados hace años cuyos terrenos se valoraron en su momento, ya que de lo contrario muchos ciudadanos que ya hayan hecho uso del dinero cobrado como hayan considerado conveniente, pasarán a tener una deuda con el Estado. Podrían incluso ser desahuciados de sus viviendas por carecer ahora de recursos para cancelar estas deudas ficticias e inventadas por el Gobierno que ha decidido actuar contra los más débiles.
Si no se detiene este abuso incomprensible, la seguridad jurídica de los ciudadanos estará siendo claramente anulada al no poderse confiar en las decisiones de tribunales de justiprecio, direcciones generales y ministerios, ya que estos organismos podrían en cualquier momento dar marcha atrás en sus propias decisiones y actuar en contra de ellas judicialmente, aunque con ello vulneren los derechos de los demás.— José Manuel Espinosa Moneo.
