Sabemos lo que nos pasa: propuestas ciudadanas

Hay ocasiones en que tiene sentido recurrir como diagnóstico de situación al orteguiano “No sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa”. La coyuntura actual no es precisamente una de ellas. Los españoles sí sabemos lo que ahora nos pasa: ha ido quedando expresado mes a mes, de forma clara y rotunda, en los sondeos de Metroscopia para este periódico. Y resulta llamativa, por cierto, la plena coincidencia de este diagnóstico ciudadano con el que a lo largo de los últimos días ha venido expresando en estas páginas una variada nómina de especialistas.

Todavía son dos veces más numerosos los españoles que piensan que lo que está fallando son los actuales políticos y no la forma en que está organizado nuestro sistema democrático (46% frente a 24%, si bien un porcentaje creciente —23% ahora, 13% hace dos años— concluye que ambos fallan). Este es un dato que no es aún alarmante, pero que empieza a intranquilizar: sugiere que la impericia de la clase política es lo que erosiona la credibilidad y legitimidad social de nuestras instituciones básicas.

Es, en efecto, a políticos y partidos a quienes la ciudadanía dirige su principal y más severo reproche por la actual situación. A los primeros, un 72% les recrimina haber abandonado el clima político de la Transición (que permitía, al margen de la cotidiana confrontación ideológica —en ocasiones sumamente áspera— la constante consecución de acuerdos y consensos) por un estilo de hacer política en que pacto se ha convertido en sinónimo de debilidad o entreguismo. Además, ocho de cada diez españoles les perciben más preocupados por sus propios problemas e intereses que por resolver los de nuestra sociedad que, a cambio, tienden a complicar. Sencillamente, seis de cada diez españoles piensan que con estos de ahora no habría sido posible la transición a la democracia. En cuanto a los partidos políticos, un solo dato basta para reflejar su grado de descrédito: el 73% de nuestra ciudadanía piensa que tal como ahora funcionan y están organizados no pueden reclutar para la actividad política a las personas más competentes y más preparadas.

El 90% quiere que los gobiernos  dejen de mostrar más interés por controlar la Justicia que por facilitar su mejor funcionamiento

Las soluciones que se proponen para estas disfunciones políticas pueden resumirse en dos palabras: transparencia y apertura; es decir, mayor apertura de los partidos a la sociedad y mayor peso ciudadano sobre las decisiones de sus aparatos. El 79% de los españoles cree que eso se conseguiría, por un lado, con elecciones primarias (entre militantes y simpatizantes) para la selección de cabezas de lista; y, por otro, y para un 85%, con listas electorales abiertas que permitan a los electores excluir a quienes no consideren merecedores de su voto. Al mismo tiempo, y complementariamente, un 82% reclama una reforma del actual sistema electoral que admita una relación más directa entre el número total de votos que obtiene cada partido y el número de escaños que con ellos consigue. ¿Cómo no va a escandalizar, por ejemplo, que en las últimas elecciones generales UPyD y CiU lograran un porcentaje muy similar de votos (4,7% y 4,2%, respectivamente) pero solo 5 escaños la primera formación y en cambio 16 la segunda?

El 97% de los españoles indica que cada vez son más, en nuestro país, quienes desconfían de las instituciones políticas, lo que sin duda guarda relación con el hecho de que un porcentaje idéntico (96%) perciba que la actual vida política está manchada por la corrupción. No es que la ciudadanía ceda al simplismo de tener por corruptos a todos los políticos: sencillamente constata que la corrupción no es combatida con la debida energía y tiende por tanto a permanecer largamente impune. Se ve cómo los partidos propenden a esconder o minimizar los casos que les afectan, y se considera sumamente ineficiente la prevención (por parte del Tribunal de Cuentas o del Banco de España) y la indagación y castigo (por parte de la justicia) de las conductas públicas impropias o directamente delictivas. En el caso de la justicia, el 88% de los españoles lamenta las excesivas facilidades que nuestra legislación concede a las personas imputadas para inundar con recursos la fase de investigación, logrando así entorpecerla y retardarla. El excesivo papeleo que empantana la instrucción es mencionado por un 75%. Y un 84% destaca algo sin duda aún más grave: las presiones sobre jueces y tribunales por partidos y grupos de interés en los casos que les afectan. Como posibles remedios, nueve de cada diez españoles reclaman la creación de una unidad judicial especializada en la lucha contra la corrupción —paralela a la Fiscalía Anticorrupción ya existente— dotada con los medios precisos para investigarla de forma diligente y eficaz; la creación de una unidad especial de la Agencia Tributaria dedicada exclusivamente a quienes desempeñan cargos públicos; y una Ley de Transparencia que, entre otras cosas, responsabilice a la ejecutiva de cada partido de sus cuentas. A ello cabe sumar un anhelo también masivo que expresa el 90% de la ciudadanía (y hasta un 92% de evaluadores tan cualificados en la cuestión como sin duda son los abogados en ejercicio): que en adelante, y a diferencia de lo que hasta ahora se considera que ha estado pasando, los Gobiernos —del signo que sean— dejen de mostrar más interés por controlar la justicia que por facilitar su mejor funcionamiento.

José Juan Toharia es catedrático de Sociología y presidente de Metroscopia. Todos los datos citados en este artículo proceden de sondeos de Metroscopia para EL PAÍS.