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EDITORIAL

El 'caso Hellín'

La colaboración de un asesino con el Ministerio del Interior exige una investigación profunda

El descubrimiento periodístico de que un asesino y exconvicto trabaja para la policía y la Guardia Civil es un hecho que produce un profundo desasosiego. Emilio Hellín Moro, militante ultraderechista de Fuerza Nueva que secuestró y mató en 1980 a Yolanda González por su supuesta —y finalmente falsa— vinculación con ETA, fue condenado a 43 años de cárcel por ese asesinato, que produjo una enorme alarma social en aquellos años de transición política, con terrorismo etarra y grupos parapoliciales infiltrados en las fuerzas de seguridad del Estado.

Tras 14 años de cárcel, Hellín se cambió de nombre para ejercer libremente su profesión como experto informático, lo que es razonable y legítimo en un sistema democrático que apuesta por la rehabilitación y la inserción. Lo que requiere una investigación y la correspondiente depuración de responsabilidades es la colaboración que la empresa del expistolero presta a la lucha contra el crimen con acceso a datos confidenciales.

Hellín siempre se jactó de sus buenas relaciones con los agentes de la ley. David Martínez Loza, el que desde Fuerza Nueva ordenó el asesinato de Yolanda González, era un guardia civil en excedencia y el propio Hellín se alojaba en casa de un inspector de policía cuando fue descubierto su crimen. Inevitables son, por tanto, las sospechas, que retrotraen a una de las etapas más oscuras de la historia política reciente; máxime cuando llueve sobre mojado. Porque fue también la prensa la que hace 20 años abrió los ojos a la policía dando con el paradero de Hellín en Paraguay, donde se había refugiado tras huir de la cárcel.

Las primeras reacciones oficiales son, sin embargo, decepcionantes. Dan a entender que se desconocía la identidad del hombre que trabajaba para Interior, lo que evidenciaría una grave negligencia, una ausencia de filtros que pone en riesgo la propia seguridad del Estado. Patéticas resultan, por lo demás, las explicaciones del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quitando hierro al asunto alegando que Hellín es uno más en su empresa y que fue contratado durante la etapa socialista; una buena coartada para alimentar la antipolítica, pero inútil para infundir confianza en torno a los vigilantes de la ley. Esta inquietante situación requiere sin duda una explicación seria desde el más alto nivel.

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