Residuos no democráticos

A diez años de la ilegalización de Batasuna, y dos después de la presentación de los estatutos de su nuevo partido, Sortu, que proclamaban su aceptación de las condiciones requeridas por la Ley de Partidos, la izquierda abertzale se ha constituido en organización legal en el congreso celebrado este pasado fin de semana.

Ha seguido para ello un proceso por etapas. Primero forjó una coalición para las elecciones locales de 2011 cuya legalidad fue aceptada por el Constitucional, siendo decisivo para ello la presencia en la misma de dos partidos legales; hizo lo mismo con vistas a las legislativas de noviembre de ese año, pero para entonces ya se había producido el abandono de la acción armada por parte de ETA. Este hecho, más la fuerte presencia en Ayuntamientos, Juntas Generales, Congreso y Senado fueron a su vez decisivos para que el Constitucional corrigiera al Supremo y admitiera en junio la inscripción de Sortu como partido legal, lo que ha llevado a este congreso fundacional.

En 2006, la izquierda abertzale rechazó acatar la Ley de Partidos para legalizarse. Ahora la acata, incluyendo la renuncia a la violencia. Ya no puede decirse que su línea política siga condicionada por su supeditación a ETA. Pero persisten residuos antidemocráticos, visibles en las ponencias aprobadas y declaraciones de sus dirigentes. El principal, la negativa a exigir la disolución de ETA, sin duda para mantener la expectativa de condicionar ese cierre a una negociación que dé sentido al pasado violento.

Mañana se vota en el Congreso la propuesta presentada por Amaiur (su marca en esa Cámara) instando al Gobierno a abrir negociaciones sobre las “consecuencias del conflicto” y a modificar su política penitenciaria. La cuestión es si lo que pretenden es la flexibilización penitenciaria, lo que sería posible tras el anuncio de la disolución, o que ese efecto sea consecuencia de una negociación, lo que sería totalmente contraproducente para el objetivo de un final irreversible.