Hacerse responsable

Iñaki Urdangarin reclamó ayer para sí los focos de la instrucción del caso Nóos, rectificando una actitud que ha comprometido el prestigio de la Casa del Rey y que amenaza con colocar al propio Monarca prácticamente ante un proceso público. Mucho ha tardado el yerno de don Juan Carlos en levantar un cortafuegos entre sus actividades profesionales y la Casa del Rey. Ahora lo hace en una situación procesal más precaria que cuando declaró por primera vez ante el juez, en febrero de 2012, y bajo la presión de las afirmaciones contenidas en una serie de correos electrónicos difundidos por Diego Torres, su antiguo socio en el Instituto Nóos.

Si Urdangarin era sospechoso, un año atrás, de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad en documentos, ahora ha comparecido bajo la sospecha de haber cometido varios delitos fiscales. La Agencia Tributaria ha constatado impagos del IRPF que rebasan los 240.000 euros, así como un fraude de 230.000 euros en el impuesto de sociedades. Y lo peor es que lo ha hecho debilitado por un año de investigaciones que desmienten la imagen de hombre inocente que había predicado de sí mismo, y del limitado papel simbólico que se había atribuido en el Instituto Nóos. En una calculada estrategia para servir sus intereses personales, su exsocio Diego Torres entrega a cuentagotas y según le conviene el material que desmiente los intentos de Urdangarin de quedarse al margen y que busca también la imputación de la infanta Cristina. Además, intenta presentar como mera coartada el consejo a Urdangarin de apartarse de los negocios, dado en su momento desde la Casa del Rey.

Que el yerno del Monarca marque una frontera entre la familia de su esposa y sus actividades profesionales no evitará otros problemas. El juez ha indagado sobre si existe un libro de visitas de La Zarzuela, con la finalidad de verificar si se produjo o no una determinada reunión en palacio, que Torres afirma y otros supuestos participantes niegan. Las investigaciones judiciales van a continuar, y a este respecto cabe desear la máxima cooperación por parte de los afectados, a fin de no prolongar innecesariamente las diligencias sobre un asunto de alta potencialidad desestabilizadora. Tanta, que la propia Casa del Rey se ha visto obligada a desmentir que don Juan Carlos esté pensando en abdicar.

La considerable repercusión internacional del caso Urdangarin es un acicate más para deslindar definitivamente el terreno judicial y exigir celeridad en el enjuiciamiento de los hechos. La segunda lección a extraer es que la jefatura del Estado necesita una verdadera tarea de institucionalización: hay personas que han tratado de situarse bajo el paraguas de la Casa del Rey para medrar o aumentar su influencia. Al precio de haber debilitado la institución llamada a estar por encima de todos esos avatares.