Obligado a retroceder

El proyecto soberanista de Artur Mas recibió el jueves un nuevo revés. La gran patronal catalana, Fomento del Trabajo, se pronunció en contra de la declaración de soberanía que CiU y ERC quieren votar en el primer pleno de la legislatura. Su presidente, Joaquim Gay de Montellà, se opuso alegando que el plan conduce a un choque de trenes con España y a una fractura interna en la sociedad catalana. La realidad se está imponiendo sobre el espejismo con el que CiU y ERC pretendían abrir la nueva etapa parlamentaria. El contenido de la declaración unilateral de soberanía ha sido ya notablemente rebajado y CiU ha podido comprobar lo difícil que es sumar aliados para su envite.

CiU y ERC han cometido el error de intentar convertir lo que inicialmente se había planteado como una declaración en favor del derecho a decidir en una declaración a favor de la independencia. El texto propuesto prefiguraba esa consulta como un paso hacia la construcción de un Estado propio. La reacción del resto de fuerzas políticas ante esta maniobra ha obligado a la coalición gubernamental a retroceder. Y a pesar de que ya ha desaparecido del texto la referencia a un Estado propio, la reunión celebrada ayer entre los cinco partidos que coinciden en apoyar la celebración de una consulta —CiU, ERC, PSC, ICV y CUP— terminó sin acuerdo.

De las negociaciones de los últimos días se desprende que el mayor consenso llega, como mucho, a reclamar el derecho a decidir, y ni siquiera hay acuerdo; y esto es determinante en cómo debe ejercerse ese derecho. El PSC mantiene su objeción a que la declaración incluya expresiones como “soberanía jurídica y política del pueblo catalán”, pues ello implica que solo los ciudadanos de Cataluña tendrían derecho a decidir en una eventual consulta. Y sigue exigiendo que esta sea legal.

CiU parece ya resignada a que la consulta no sea vinculante. Pero incluso una votación de carácter consultivo amparada en una nueva ley del Parlamento catalán parece problemática. En cualquier caso, en la exigencia de respeto a la legalidad los socialistas no están solos: entre otros, coinciden nada menos que con uno de los miembros del pacto de legislatura, Unió, que, por otra parte, sintoniza más con los postulados del empresariado que con los del socio republicano.

Si en algún momento Mas se había hecho la ilusión de que podría arrastrar a los demás a sus posiciones, ahora está comprobando que no lo tiene fácil. Para que la declaración tenga fuerza política —ya se sabe que jurídica no la tiene— necesita sumar al PSC. Pero el PSC tiene otra agenda, y hará bien en no dejarse seducir por los cantos de sirena de tan temerarios timoneles y mantenerse firme en una vía que puede parecer más difícil, si el PP no se mueve, pero que a la larga puede resultar más factible y realista: pactar con el resto de España una reforma de la Constitución que permita acordar un modelo, por ejemplo federal, en el que Cataluña pueda sentirse cómoda.