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TRIBUNA

Tahrir contra Tahrir

La nueva Constitución ha nacido con un déficit político preocupante

Los egipcios han vuelto a las urnas recientemente. En menos de dos años revolucionarios ha sido la quinta vez que lo han hecho. Y como en las anteriores ocasiones, la polémica ha ensombrecido la trascendencia de la cita. Lo cual tampoco es del todo negativo, en la medida en que refleja la pasión política de una sociedad a la que durante cuarenta años se le ha escamoteado el ejercicio de la política. En esta ocasión, en la que se votaba la nueva Constitución, la discordia avanzó a la par que los trabajos de la Asamblea Constituyente, y culminó cuando 22 de sus miembros la abandonaron, todos ellos representantes de las fuerzas liberales, naseristas, izquierdistas y de la iglesia copta. El rodillo de la mayoría islamista venía imponiéndose a la lógica del consenso, y las fuerzas minoritarias optaron por boicotear el procedimiento. Y por volver a Tahrir, a la reivindicación en la calle. Cuando se conoció el borrador del texto constitucional, ya había sido repudiado en la plaza que lo hizo posible.

Tal vez sea exagerado aventurar que la Constitución nace muerta, o que sólo sirve para echarla a la papelera, como ha sentenciado Mohamed El Baradei, el líder opositor preferido por Occidente, pero sí parece que, para comenzar a rodar, arrastra un déficit político preocupante. Porque al cuestionarse el procedimiento constituyente, se ha desvirtuado políticamente el resultado, por más que la formulación textual pueda ser válida además de legítima. Son muchos los analistas que opinan que el texto final no es peor que el que habría resultado de un proceso inclusivo, pero que, como siempre en política, el fin no justifica los medios. Esto es lo que viene olvidando el presidente Mohamed Morsi con frecuencia. O tal vez sea signo de los tiempos, globales. En cualquier caso, el referéndum constitucional, que debería haber servido para cohesionar a los egipcios en torno a un proyecto de futuro, ha servido justo para lo contrario.

La oposición consiguió situar al presidente  Morsi en el centro del repudio popular

La incertidumbre sobre el futuro de la revolución pesa en el ánimo de todos los ciudadanos. Sin embargo, los acontecimientos de las semanas previas al referéndum permiten vislumbrar algunas claves de la acción política presidencial. Un punto de inflexión fue la declaración de Morsi del 22 de noviembre, cuando hizo público el decreto que blindaba sus decisiones por encima de cualquier otra instancia estatal, incluido el Tribunal Constitucional. Tildado por la oposición de golpe de Estado de los Hermanos Musulmanes, evidenció la voluntad del presidente de reformar sin cortapisas los principales soportes institucionales del viejo régimen (parte de la judicatura y del Ejército, sobre todo) ante el periodo que se abre con la nueva Constitución. El círculo presidencial había hecho sus cálculos y contaba, es de suponer, con los réditos de la mediación egipcia en la recién cerrada crisis de Gaza, esto es, con la inhibición de Estados Unidos en cuestiones de política interna, toda vez que había quedado claro que nada cambiaría en lo referente a Israel. Ni en la histórica tendencia neoliberal de los Hermanos Musulmanes, cuya mayor baza económica está siendo negociar otro crédito de 4.800 millones de dólares del FMI. Pero si el presidente sopesó bien sus apoyos internacionales, no calibró la respuesta interior en igual medida. La calle volvió a encenderse como no lo había hecho desde el triunfo de la revolución, en febrero de 2011. La oposición, unida sin precedentes en el Frente de Salvación Nacional, consiguió situar al presidente en el centro del repudio popular, y Morsi tuvo que escuchar, asediado en el palacio presidencial, las mismas consignas revolucionarias que en su día acabaron con Mubarak: “El pueblo quiere la caída del régimen”.

En este clima, poco calmó los ánimos la retractación parcial del presidente el 8 de diciembre. Entremedias, se había hecho público el borrador constitucional y la intención de mantener la fecha de su ratificación en referéndum. Con ello las protestas por la deriva autoritarista de Morsi se confundieron en la práctica con el levantamiento de los que rechazaban el borrador constitucional y exigían la paralización de todo el proceso. Sin embargo, como ha insistido Amr Musa, destacado líder opositor, en ningún caso debe confundirse el rechazo a la nueva Constitución con el cuestionamiento de la presidencia de la República. La ambigüedad en este punto puede costarle cara a la oposición y, por extensión, al pueblo egipcio y su sueño revolucionario. Porque por más claroscuros que tenga la Carta Magna, el presidente fue elegido democráticamente y es su gestión y no su legitimidad lo que debe ser cuestionado.

El ciudadano egipcio quiere participar en el juego político en igualdad de condiciones

La rápida marcha atrás de Morsi refleja cierta flexibilidad ante la presión popular, lo cual, en general, no ha sido sopesado en términos de práctica política. Pero además, en clave interna de la Hermandad Musulmana es un indicio de las diferencias que hay en su seno, como ha evidenciado la dimisión del vicepresidente Mahmud Mekki coincidiendo con el final del referéndum. Si el presidente no es sordo a Tahrir y si entre los Hermanos Musulmanes y el partido del Gobierno, Libertad y Justicia, existen tensiones, la oposición, en exceso segmentada, minoritaria y elitista, tiene un margen de maniobra impensado que debería aprovechar para empoderarse.

La nueva Constitución egipcia, como toda Carta Magna, no soluciona los problemas colectivos, sino que crea un marco jurídico para resolverlos legítimamente a través de la política. Consagra la igualdad de todos los ciudadanos con independencia de su religión, sexo o etnia. Leerla en clave islamista o contrasecularista no deja de ser una herencia interpretativa de la batalla por la modernidad de la época colonial, cuando la mayoría se hacía garante de la protección de los derechos de las minorías. En la revolución de Tahrir, el ciudadano egipcio rechazó viejos paternalismos y demandó una democracia que no consistiera en permitir, sino en compartir derechos y participar en el juego político en igualdad de condiciones. Ha pasado muy poco tiempo desde entonces y, a veces, las comparaciones históricas no son odiosamente eurocéntricas: en España, la transición a la democracia hubo de pasar por un intento de golpe de Estado seis años después de muerto el dictador... En Egipto, en dos años, se ha juzgado a Mubarak, se ha elegido un Parlamento y un presidente, se ha redactado una Constitución y la revolución sigue en la calle. Tómeseme a bien, pero en España el segundo año de la Transición fue el de la matanza de Atocha.

Luz Gómez García es profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid.

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