Pensiones consensuadas

El presidente del Gobierno se dispone a repetir con su reforma de las pensiones el mismo procedimiento político que siguió con la reforma laboral. El Ejecutivo buscará el consenso con el primer partido de la oposición y con los sindicatos y, si no se llega finalmente a un pacto, aprobará su reforma a través de un decreto ley. De nuevo, el Gobierno se dispone a recurrir a la fórmula del decreto para modificar normas que tienen gran repercusión sobre los ciudadanos; y de nuevo impone un plazo perentorio que contradice la voluntad de concordar. Para Rajoy es más importante obrar con rapidez para apuntalar un sistema “insostenible” que articular un amplio pacto social, con el argumento implícito de que ni el PSOE ni los sindicatos están en condiciones de pactar.

El sistema actual de pensiones es insostenible por varias razones que no son de ahora, entre las que caben destacar dos: la presión de la demografía, que empuja la población hacia edades más altas y, lo que es más importante, a un mayor número de años de vida tras la jubilación, y la rápida disminución del número de cotizantes, que reduce la relación entre cotizantes y perceptores. Es evidente que la reforma es urgente, porque cuanto antes se actúe sobre las bases de cotización y percepción y sobre la edad de jubilación antes quedará consolidada la financiación del sistema. Pero es un mal cálculo tener solo en cuenta dicha urgencia; o, dicho de otra forma, no es necesario ajustarse a un plazo tan terminante como los tres meses concedidos si se considera que el consenso es un bien mayor y que aunque se tardara tres meses más en lograrlo (si fuera posible) la reforma sería igual de rápida.

El contenido de la reforma necesaria de las pensiones debe incluir un aumento gradual de la edad de jubilación, desde los 65 años actuales hasta al menos los 67 años; un baremo de cálculo de la pensión percibida que tenga en cuenta toda la vida laboral del trabajador o al menos más de los 15 años actuales y fijar una edad mínima más alta que la actual para las prejubilaciones. El Consejo de Ministros aprobó, otra vez por decreto ley, suspender una parte de la reforma de las pensiones propuesta por el equipo de Rodríguez Zapatero, precisamente la que fijaba en 61 años la edad mínima para la prejubilación. En cambio, entrará en vigor la parte de la reforma que aumenta progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años. Precisamente esta debe ser la pieza clave de la reforma. Debe imponerse la edad de 67 años bastante antes de lo que pretendía el Ejecutivo anterior. Lo ideal sería que fuese norma imperativa, aplicada gradualmente, en 2016.

Los límites de la política sobre pensiones están marcados por el retraso en abordarla, circunstancia que aumenta ahora la urgencia, y la convicción de que la Comisión Europea acabará por exigirla en una petición de rescate (intervención del BCE en el mercado de deuda). Esa es la razón por la cual Rajoy quiere actuar en tres meses; no hay que descartar que haya que pedirlo antes de que venza ese plazo.